EXCOMUNIÓN Y ABORTO
martes, 10 de julio de 2018

A LOS GOBERNANTES CATÓLICOS QUE DEN SU VOTO O PROMULGUEN UNA LEY QUE APRUEBA O AMPLÍA EL ABORTO

El canon 1398 del Código de Derecho Canónico castiga con excomunión latae sententiae, es decir, automática a quienes procuren el aborto, debiendo entenderse por aborto la muerte del feto procurada de cualquier modo y en cualquier tiempo desde el momento de la concepción.

JORGE H. SARMIENTO GARCÍA - FORO DE CUYO

 

Esto lo escribo como abogado católico, para mis hermanos católicos.

 

Quien intenta seguir al Señor Jesús a quien jamás se le ve en todo su ministerio, ya sea en sus palabras o en su modo de obrar, vacilar, permanecer indeciso, y menos volverse atrás debe pedir esa misma voluntad, firme e inflexible, pues “Quien tiene la mano en el arado y mira atrás, no sirve para el Reino de Dios” (Lc 9, 62). Por tanto, creo necesario referirme al tema de esta nota sin precipitación  ni indecisión, sin claudicaciones ni salidas de compromiso, para aclarar debidamente el punto, con las limitaciones de espacio que impone la naturaleza del artículo, cumpliendo aquello de que “... vuestra palabra sea sí, sí, no, no. Lo demás es un mal” (Mt 5, 37).

 

Ha enseñado san Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vitae: "Con la autoridad que Cristo confirió a Pedro y a sus Sucesores, en comunión con todos los Obispos que en varias ocasiones han condenado el aborto y que (...), aunque dispersos por el mundo, han concordado unánimemente sobre esta doctrina, declaro que el aborto directo, es decir, querido como fin o como medio, es siempre un desorden moral grave, en cuanto eliminación deliberada de un ser humano inocente. Esta doctrina se fundamenta en la ley natural y en la Palabra de Dios escrita; es transmitida por la Tradición de la Iglesia y enseñada por el Magisterio ordinario y universal”.

 

Y ya hemos explicitado en anteriores artículos cómo los más serios e imparciales estudios teológicos, filosóficos y médicos afirman sin hesitación que la vida humana comienza en el momento de la concepción.

 

Ahora bien, es de principio que en el derecho canónico se debe distinguir entre el aspecto moral de una cuestión, y su aspecto jurídico, dado que puede suceder que el derecho positivo estatal no considere necesario castigar con ninguna pena una conducta, lo que no quiere decir que esa conducta sea moralmente lícita. Por eso, cuando el derecho positivo estatal exculpa a alguien del delito de aborto, no se debe sacar la conclusión de que intervenir en un aborto es moralmente lícito.

 

Ahora bien, el canon 1398 del Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, castiga con excomunión latae sententiae, es decir, automática pena de excomunión que tiene como fin hacer plenamente conscientes de la gravedad de un cierto pecado y favorecer, por tanto, una adecuada conversión y penitencia, según escribiera también en Evangelium vitae aquel Pontífice a quienes procuren el aborto, debiendo entenderse por aborto la muerte del feto procurada de cualquier modo y en cualquier tiempo desde el momento de la concepción. Incurren entonces en excomunión por practicar un aborto la mujer que aborta voluntariamente y todos los que han prestado colaboración a que se cometa el aborto: quienes lo practican, quienes los ayudan de modo que sin esa ayuda no se hubiera producido el aborto (cómplices): "La excomunión afecta a todos los que cometen este delito conociendo la pena, incluidos también aquellos cómplices sin cuya cooperación el delito no se hubiera producido” (san Juan Pablo II, cit.).

 

Debe destacarse que el levantamiento de tal pena ahora no está reservada a la Santa Sede, o a los obispos, o al sacerdote que hace sus veces en la diócesis, etc., como ocurría antes, ya que desde el 21 de noviembre de 2016, el Papa Francisco, a través de la Carta Apostólica Misericordia et Misera, por la que se clausura el Año Santo Extraordinario de la Misericordia, concede a todos los sacerdotes la facultad de "absolver a quienes hayan procurado el pecado de aborto". Por lo tanto, cualquier sacerdote con facultades ministeriales, puede remitir la pena de este delito canónico.

 

Ello en manera alguna quiere decir que el pecado de aborto ya no lleve aneja la pena de excomunión: quien tuviera la desgracia de cometer este horrible pecado, incurre en excomunión latae sententiae en las mismas condiciones que antes de aquella fecha, por lo que entre otras consecuencias no es sujeto válido para recibir sacramentos. La concesión del Papa estriba en que cualquier sacerdote puede remitir la pena dentro del sacramento de la Confesión.

 

Ahora bien, no son unánimes las opiniones para responder a la cuestión centralmente planteada, esto es, si la excomunión latae sententiae alcanza a los gobernantes católicos que den su voto o promulguen una ley que lo aprueba o amplía.

 

Hay quienes afirman que no, porque sostienen que de su actuación no se deriva necesariamente la comisión de un aborto, por lo que se debe entender que no incurren en el delito de aborto ni por ende se hacen pasibles de excomunión.

 

Otros, en cambio, sostienen que esa conducta está en oposición frontal con la enseñanza y la disciplina de la Iglesia, que defiende la vida en todas sus etapas, habiendo escrito sobre el punto san Juan Pablo II: “la responsabilidad implica también a los legisladores que han promovido y aprobado leyes que amparan el aborto” (Encíclica Evangelium Vitae), porque “una ley intrínsecamente injusta, como es la que admite el aborto, nunca es lícito someterse a ella, ni participar en una campaña de opinión a favor de una ley semejante, ni darle el sufragio del propio voto” (EV cit.), ya que “si las leyes no son el único instrumento para defender la vida humana, sin embargo desempeñan un papel muy importante y a veces determinante en la promoción de una mentalidad y de unas costumbres” (ídem).

 

 Pero aun cuando no se participe de este último criterio, es indudable que siendo muy grave la conducta de los gobernantes, se colocan en una situación pública de gravísimo pecado y, por ende, en la exclusión de la Eucaristía o, mejor dicho, en la autoexclusión por su responsabilidad moral por un delito contra la vida.

 

Y en todo caso, el que cese o no la denegación de recibir la Eucaristía (y, en su caso, de otros efectos) depende del mismo fiel, puesto que la pena ha de ser remitida a quien haya confesado con las debidas disposiciones y requisitos su pecado. Además se requiere, siendo un pecado público, la correlativa retractación, que deberá ser conocida públicamente.