SALUD PÚBLICA: LA JUSTICIA ADVIERTE, LOS GOBIERNOS TIEMBLAN - por DANIEL NALLAR
martes, 13 de abril de 2010
En Argentina, ni liberales, ni socialistas, ni radicales ni peronistas, ni políticos ni tecnócratas, ni demócratas ni dictadores han podido proyectar ni mucho menos construir un sistema de salud seguro y eficiente. La administración de la salud pública es un tema candente e irresoluto.  

I. Cuando “responde” el Estado, “pagamos todos”.

 

En Argentina, ni liberales, ni socialistas, ni radicales ni peronistas, ni políticos ni tecnócratas, ni demócratas ni dictadores han podido proyectar ni mucho menos construir un sistema de salud seguro y eficiente. La administración de la salud pública es un tema candente e irresoluto.

 

En Salta la Constitución del Estado le impone el deber de asegurar la salud pública, de allí los complejos programas, los enormes hospitales y numerosos centros de atención, costosos equipamientos, miles de profesionales, auxiliares y administrativos en planta permanente o transitoria, etc.. Sin embargo la gente no percibe las mejoras que políticos y funcionarios intentan en vano lucir y el único proyecto que en los últimos 20 años generó una mejoría permanente, notoria y reconocida por los pacientes –es lo que vale– es el Nuevo Hospital del Milagro.

 

Esta realidad puede salirle caro a los salteños si tenemos en cuenta 2 deberes legales impuestos por la Corte Suprema al Gobierno Provincial: 1. el deber de asistencia médica, frente a cuya omisión o irregular cumplimiento aparece la obligación de indemnizar los daños derivados y 2. el deber de no solo suministrar al paciente profesionales habilitados para el ejercicio de la medicina, sino de asegurar una prestación médica “diligente e idónea, técnicamente irreprochable” (sic).

 

A partir de tales deberes, para eximirse de su obligación de reparar al paciente eventuales daños, el Estado debe acreditar una causa ajena (culpa de la víctima o terceros), pues incluso las culpas de médicos y auxiliares se pagan con dinero del presupuesto público porque el Estado responde por la prestación irregular de sus dependientes.

 

II. Un fallo valiente.

 

Frente a la muerte de un paciente por falta de equipamiento, de organización y de correcta atención médica, un Tribunal, emite un pronunciamiento ejemplar cuyas conclusiones deberían ser anotadas y memorizadas por funcionarios, abogados, contadores, médicos y auxiliares que trabajan para ministerios, hospitales y centros de salud salteños. El fallo ordena al Gobierno de Provincia de Buenos Aires 5 acciones inmediatas:

 

1. Convertir hospitales en entes descentralizados y autónomos.

 

2. Proveer insumos hospitalarios y medicamentos y suministrar fondos suficientes para eficaz atención de las necesidades diarias y urgentes.

 

3. Designar médicos y auxiliares de medicina con capacitación comprobada y previo concurso

 

4. Iniciar una investigación penal para determinar la culpa de funcionarios, médicos, auxiliares de medicina y administrativos en el fallecimiento.

 

Particular mención merece la decisión de iniciar una investigación penal para determinar la culpa de funcionarios, contadores y abogados del hospital en la omisión de reclamar a obras sociales facturas pendientes. ¿Acaso no es ilegal e irracional no cobrar deudas cuando ese dinero podría invertirse en equipamiento?, se pregunta el Tribunal.

 

Hemos recopilado más de 100 fallos, y de ellos extraemos 5 premisas generales:

 

1. Las políticas de Estado deben inclinarse por la descentralización de los hospitales públicos, con grados óptimos de autonomía funcional y financiera. El presupuesto anual debe contener partidas específicas para cada hospital.

 

2. Es un deber legal organizar la planta de personal y designar personal técnico y profesional competente mediante procedimientos públicos y competitivos, así como también establecer un “Sistema General de Derivación de pacientes entre establecimientos públicos o privados”.

 

3. Es un deber legal avisar a la población cuál es la capacidad actual del sistema de salud estatal, ofrecer alternativas y prever planes anuales, quinquenales o decenales para acceder al equipamiento faltante.

 

4. Ante un supuesto de daños por falta de personal técnico y profesional competente, por falta de organización y coordinación o por carencias injustificadas en el equipamiento médico, el Estado como persona jurídica responde para evitar mayores perjuicios a las víctimas, pero los abogados del Estado tienen el deber de hacer valer la responsabilidad penal y civil de funcionarios, para reintegrarle al fisco el dinero pagado como indemnización.

 

5. Ante un supuesto de daños derivados de acciones dolosas o negligencias graves de médicos y auxiliares, el Estado como persona jurídica responde para evitar mayores perjuicios a las víctimas, pero los abogados del Estado tienen el deber de hacer valer la responsabilidad penal y civil de médicos y auxiliares para reintegrarle al fisco el dinero pagado como indemnización.

 

III. Las nuevas líneas de la Justicia (o “el que avisa no traiciona”).

 

Ante la muerte de su hija, a manos de quienes pretenden esconderse bajo la cara anónima e indescifrable del “gobierno”, una madre “poderosa” logró un fallo audaz e innovador. ¿Cuántas madres de víctimas del sistema aprehenderán de ella?

 

En una recorrida por hospitales y centros de salud salteños se advierte una generación de médicos y auxiliares (jóvenes y no tanto) que ha comenzado a producir un cambio silencioso pero dinámico. No buscan glorias, buscan eficiencia, respeto al paciente, organización. Qué ironía, “organización” es lo único que les falta. Si se organizan, ganan. Son poderosos.

 

Mientras tanto, la Justicia sigue avanzando sobre campos complejos. Campos abandonados por gobiernos dormidos e impotentes. Muchos de ellos agonizan carcomidos por la corrupción, otros son sólo víctimas de burócratas mediocres e ineficientes. Pero “no se puede mentir a todos todo el tiempo”, los funcionarios, abogados y contadores de las áreas vinculadas a la salud pública deberían afinar el lápiz… alguien los mira de cerca.