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LA “LEGOMANÍA”, LA “DIVISIÓN DE PODERES” Y LOS PARLAMENTARIOS - por JORGE SARMIENTO GARCÍA PDF Imprimir E-Mail
jueves, 28 de junio de 2007

Conocida es la célebre definición de la ley formulada por Tomás de Aquino: “ordenación de la razón enderezada al bien común, promulgada por el que tiene cuidado de la comunidad”. Y las leyes deben ser pocas, buenas, adaptadas a la condición de los miembros de la comunidad, estables y dictadas con espíritu de continuidad (sobre todo las fundamentales y constituyentes).

 

Conocida es la célebre definición de la ley formulada por Tomás de Aquino: “ordenación de la razón enderezada al bien común, promulgada por el que tiene cuidado de la comunidad”. Y las leyes deben ser pocas, buenas, adaptadas a la condición de los miembros de la comunidad, estables y dictadas con espíritu de continuidad (sobre todo las fundamentales y constituyentes).

 

Ello nos lleva a afirmar que un peligro que debe evitarse es la “legomanía” moderna, la tendencia a multiplicar las leyes o modificarlas por el más leve motivo. Esto es olvidar la acción saludable de la costumbre, fuerza viva, factor de orden y estabilidad. Esto es disminuir, asimismo, el respeto de los miembros de la comunidad política hacia la ley, que difícilmente consideran como una sabia expresión del orden cuando la ven modificar a cada instante, sin haberse cambiado de modo importante las circunstancias, siendo que según Tomás, únicamente la necesidad, una utilidad muy grande y plenamente evidente o la injusticia autorizan semejantes cambios.

 

Por otra parte, conviene señalar que donde existe la denominada “división de poderes”, la colaboración y el control recíprocos no exigen una absoluta igualdad entre los órganos; por el contrario, pareciera que la eficacia de la actividad estatal requiere la existencia de un órgano preponderante.

 

Sobre lo que antecede existe, en general, acuerdo, mediando divergencias acerca de cuál debe ser, de los tres órganos clásicos, el que tenga la supremacía. Habiéndose pronunciado Locke por la superioridad del parlamento, también lo hizo Rousseau influyendo sobre la ideología de la revolución francesa (en tanto Montesquieu estaba más bien por la ausencia de toda supremacía de un órgano sobre otro).

 

Mas actualmente en el orden de la realidad –y en muchos órdenes normativos– es dable observar una clara tendencia al liderazgo del órgano ejecutivo, impulsada por múltiples factores y que se traduce en que él tenga la previsión, la síntesis y la dirección general, cumpliendo el órgano legislativo fundamentalmente una misión de crítica, de control y de aprobación. Es una razón de peso para ello, la circunstancia que el órgano ejecutivo tiene más posibilidades de obrar con rapidez y eficacia que las asambleas o parlamentos integrados por numerosos órganos individuos; hay entonces, sin duda, un decaimiento parlamentario correlativo al crecimiento del órgano ejecutivo.

 

Pero aunque sea correcto que los modernos parlamentos o asambleas no suelen ser un buen freno a los desbocados ejecutivos actuales, todavía lo es más que su supresión de hecho o de derecho daría lugar a la ausencia de todo freno. Es incuestionable que por predominante que sea el ejecutivo, una censura o crítica en el parlamento (de la oposición o, más aún, de un "oficialista" con convicciones) convenientemente difundida por los medios de comunicación, no es grata para ningún gobierno, ni siquiera en caso de que los críticos no tengan éxito; y las comisiones investigadoras parlamentarias, cuando son capaces de actuar con rectitud de intención, pueden crear problemas a cualquier gobierno...

 

Además, y entre otras cosas, deben los legisladores aprender y tomar conciencia de que censurar, votar en contra de las ideas de un determinado proyecto legislativo o adoptar alguna actitud similar, no quiere decir que se esté queriendo perjudicar al ejecutivo, sino, simplemente, ejercer la facultad de opinar diferente y creer que los mismos objetivos de bien común se obtendrían mejor siguiendo otro camino.

 

Así las cosas, debemos reiterar lo que hemos consignado antes de ahora: la función de parlamentario en las instituciones de un régimen democrático es clave para asegurar la buena marcha de la vida social y la satisfacción de los intereses públicos, habiendo señalado Juan Pablo Magno que esa actividad debe cumplimentarse en un clima leal de debates libres que permita a los que  han sido elegidos aportar su colaboración, sus opiniones y sus decisiones con un gran sentido de responsabilidad, a la que deben consagrar prioritariamente sus estudios, su competencia, su presencia, y habiendo manifestado asimismo que cualquier texto legal, por pequeño que sea, merece el máximo de vigilancia, prudencia y equidad, y esto en cada etapa de su elaboración: preparación en comisiones, proposición, introducción de enmiendas, discusión y voto, enfatizando finalmente que en todo ello está en juego el bien común, y que las repercusiones, inmediatas o a largo plazo, serán siempre importantes, ya se trate de una justa distribución de beneficios o de obligaciones, de proyectos educativos, o de las mismas costumbres en lo que se refiere a la conducta moral, pudiendo los mismos parlamentarios constatar que cuando se permite legalmente algo que es malo moralmente se produce en seguida una confusión en las conciencias y una degradación en las costumbres...

 
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