Inicio arrow Columnistas arrow RESPETO INTEGRAL A LA CONSTITUCIÓN - por JORGE H. SARMIENTO GARCÍA
MENU
Inicio
Jurisprudencia
Nacionales
Internacionales
Columnistas
Destacado
Enlaces
Contacto


RESPETO INTEGRAL A LA CONSTITUCIÓN - por JORGE H. SARMIENTO GARCÍA PDF Imprimir E-Mail
martes, 29 de mayo de 2007

En un programa radial del sábado pasado, un individuo que dijo ser encuestador manifestó que, para permitir que el actual presidente de la República pueda cumplir con su plan político (el cual por lo que dijo comparte), no hay que atarlo a lo que denominó algo así como un exagerado respeto a la institucionalidad, expresión que consideramos altamente peligrosa...

 

En un programa radial del sábado pasado, un individuo que dijo ser encuestador manifestó que, para permitir que el actual presidente de la República pueda cumplir con su plan político (el cual por lo que dijo comparte), no hay que atarlo a lo que denominó algo así como un exagerado respeto a la institucionalidad, expresión que consideramos altamente peligrosa si se entiende por institucionalidad, según corresponde, vigencia de las instituciones fundamentales de la República, como división de poderes, independencia del poder judicial, tutela de la libertad, etc. y recordando a Friedrich, quien escribió que “en sus diversas modalidades el absolutismo tiende siempre a la concentración del poder, mientras que el constitucionalismo tiende a un ejercicio dividido de ese poder”.

 

Reiteramos que el orden natural, trascendente y objetivo, que integra complementariamente con el normativo y el existencial el mundo jurídico, siendo previo y anterior al Estado, reclama la existencia de éste y del orden normativo positivo.

 

El Estado, por intermedio del gobierno y en ejercicio del poder político, establece su orden normativo-positivo y, con esto, se cumple el orden natural.

 

Pero también la justicia exige el acatamiento por el propio Estado del derecho estatal; debe, consecuentemente, subordinarse a la ley positiva que él mismo elabora, no porque "quiera", porque se "autolimite", sino porque "debe" en virtud del orden natural que se le supraordina.

 

Ahora bien, un “Estado de Derecho” o sujeto a éste es perfectamente compatible con prerrogativas del poder político que son exigencia de su propio fin general o de misiones históricas contingentes, en la medida en que el poder respete sus límites:

 

1.  El poder político tiene límites en el orden natural no puede practicarse para aquello que es contrario al bien común o no conduce a él; y sin duda que el primer aspecto del bien común que el Estado debe promover, está dado por el reconocimiento y la garantía de los derechos de los individuos y de las asociaciones intermedias, aunque no tratándose de priorizar los derechos sobre las prerrogativas estatales, sino de compatibilizarlos, impidiendo tanto el desborde de la libertad como de la autoridad.

2.  También tiene límites fácticos, desde que para actualizarse necesita ciertos medios reales y se encuentra ante obstáculos de hecho insuperables.

3.   Finalmente, debe ejercerse conforme a las regulaciones contenidas en el orden positivo.

 

El gobernante, entonces, en el ejercicio del poder debe respetar el derecho positivo, puesto por el Estado en el área de la historia y, en primer término, la Constitución, que en nuestro caso organiza la comunidad política conforme a los auténticos principios democráticos y a los republicanos (tal como se entienden por lo común entre nosotros, aunque coincidentes en gran medida con los primeros), entre ellos el de la "división de poderes".

 

Pese a sus defectos, la Constitución reformada en 1994 implica colaboración y control fundantes de un difícil equilibrio entre los poderes del Estado y, si ese contrapeso no existe, decisiones materialmente injustas pueden quedar santificadas por el carácter constitucional del procedimiento, arrasando aspectos esenciales del concepto de constitucionalismo, incompatibles con las acumulaciones de poder y altos niveles de control sobre los miembros de la comunidad política.

 

Es grave que nos fijemos tan sólo en los aspectos procedimentales, haciendo hincapié en lo formal y no en lo sustancial, desconociendo que lo primero se orienta a asegurar lo segundo, esto es entre otras cosas el freno al poder, su sumisión al derecho y la protección de la libertad de los ciudadanos.

 

En definitiva, no olvidemos que la “división de poderes” es un procedimiento o técnica "actualmente insustituible al decir de Germán J. Bidart Campos para la tutela de la libertad y la eficacia práctica" de la actividad estatal, que evita la concentración de las atribuciones del poder político en un solo órgano, lo que puede llevar a que se caiga en "formas totalitarias o en formas dictatoriales que lesionen gravemente los derechos de la persona o de los grupos sociales".

 

Necesitamos por tanto legisladores que sepan, cuando es menester, apartarse de la disciplina partidaria o del mandato del líder; de jueces no acorralados, temerosos o complacientes; que el presidente no avasalle la competencia del Congreso ni la independencia de los jueces y que, si lo hace, que legisladores y/o jueces pongan orden allí donde el presidente lo quebró.

 

El presidente tiene derecho a tratar de llevar a cabo su plan político, mas siempre respetando la Constitución y los principios y valores que la sustentan, dándole racionalidad y fuerza moral.

 
< Anterior   Siguiente >
design by 5medien
© 2017
Joomla! es Software Libre distribuido bajo licencia GNU/GPL.