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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA: ¿Un paso adelante? - por Carlos A. Sarmiento García PDF Imprimir E-Mail
viernes, 18 de mayo de 2007

Soy totalmente conciente que abordar el tema propuesto, tal como lo haré, causará desde sorpresas a indignaciones y porqué no, tal vez apasionadas adhesiones.

 

Soy totalmente consciente que abordar el tema propuesto, tal como lo haré, causará desde sorpresas a indignaciones y porqué no, tal vez apasionadas adhesiones.

 

Advierto –previo a todo– que la opinión que expondré es primordialmente “el fruto de una reflexión” permitida por más de cuarenta años de ejercicio profesional, un breve tránsito por la magistratura y el desempeño en la Comisión Asesora del Consejo de la Magistratura en su primera conformación constitucional.

 

Señalar las pretendidas ventajas de este modo de selección de magistrados para testimoniar ser objetivo, es tarea inútil. Mucho se ha escrito al respecto. Mi inquietud sobre la institución, se centrará más en las “desventajas” comparativas de la misma, a fin de demostrar los inconvenientes del sistema, lo que no implica ser  destructivo en lo referente a la anhelada calidad judicial.

 

¿Cuál es en esencia la razón de ser del Consejo?. La institución, con similar existencia en Italia, Francia, Portugal, España, Colombia, Perú, etc., reconocimiento en el orden nacional e incorporada a las constituciones de varias provincias argentinas, en términos generales, es competente para llamar a concurso público de oposición y antecedentes para cubrir las vacantes de magistrados judiciales, sustanciar los concursos designando el Jurado que tomará intervención y confeccionar las propuestas de ternas elevándolas al plenario del Consejo o al Poder Ejecutivo. Si tuviera que sintetizar el propósito de su creación diría que fue y es principalmente “controlar al poder, despolitizando en lo posible la designación de los magistrados”. Y si tuviera que sintetizar los principales fines anejos diría lograr calidad en la función judicial, generando sana competencia como forma de mejorar la misma, incentivando el espíritu de superación profesional.

 

Lo dicho, tienta aplaudir el sistema. Pero, conforme la experiencia, ¿se ha cumplido el propósito?. Me temo que no. Y para fundar tal afirmación, me permitiré puntualizar lo siguiente:

 

1. La única selección medianamente objetiva que se practica vía consejo, es la realizada por las Comisiones Asesoras mediante las pruebas a las que deben someterse los candidatos.

 

2.  La meritación posterior del Consejo, integrado por representantes de la Suprema Corte de Justicia, del Poder Ejecutivo, de los abogados de la matrícula y del Poder Legislativo, incluye los resultados de las pruebas como datos a evaluar juntamente con el resto de los elementos, tornándola indiscutiblemente “subjetiva”, no siendo el orden de las Comisiones Asesoras vinculante para el Consejo.

 

3. No puede negarse la “politización” del propio Consejo. Hemos asistido a recientes fuertes controversias por la composición del Consejo en el orden nacional, que han reflejado más que nunca la descarnada lucha por la posibilidad de influir en la designación de los magistrados y de esa manera lograr un poder judicial adepto  a los políticos de turno.

 

4. El primitivo régimen constitucional, siempre ha limitado el poder. No otra cosa significa el "acuerdo” legislativo. La creación del Consejo, demuestra el descrédito de la institución legislativa y lamentablemente, el descrédito institucional en general.

 

5. Un Poder Ejecutivo sano, claramente determinado al bien común y un órgano legislativo que realmente cumpliera su función constitucional, hacen absolutamente innecesario el Consejo.

 

6. Se señala como “inmoral u obscena” la vulgarmente llamada “designación a dedo”. Esta no es mala en sí misma. El dedo puede señalar a un prestigioso ciudadano, con todas las cualidades para ser magistrado o a otro que no reúna estas características. Lo importante,  es la “calidad” de quien tiene que designar con el dedo, que lamentablemente, no accede al cargo por concurso, sino por elección popular, sin acuerdo de ningún otro poder.

 

7. El llamado a concurso de por sí, LIMITA considerablemente el entorno del que se va a nutrir la elección. He podido experimentar la carencia de candidatos para ciertos cargos, especialmente los de mayor compromiso. Y también, he observado la concurrencia a concurso de reiterados repitentes.

 

8. En la elección directa, con acuerdo legislativo, puede y debe influir con carácter determinante, la trayectoria y hombría de bien del posible candidato, que se evidencian no con el simple conocimiento del derecho, sino con el andar por la vida y con el ejercicio profesional (en la magistratura o en el bufete)

 

Y existen más consideraciones. Pero para no alargar innecesariamente el presente, concluyo trayendo a reflexión, que para ser JUEZ, se necesita ser moral, honesto, con rectitud de conciencia y de conducta, coraje, gran sentido de responsabilidad y plena dedicación a la función, trabajador incansable y además, por añadidura, conocer medianamente el derecho. No siempre el buen jurista es un buen juez. Por nombrar a alguien, Maximilien de Robespierre, padre de la Constitución francesa de 1793, fue un buen jurista.

 

Para concluir, considero que más que una selección previa, a la calidad de la magistratura la va a determinar UN INEXORABLE control “ex post”. Severos juris de enjuiciamiento o juicios políticos, con estrictas sanciones, recordando que en definitiva “ cuanto mayor es el deber de obrar con prudencia  y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos” (art. 902 del Código Civil) y que “las penas no valen por lo severas sino por lo efectivas” (Concepción Arenal, Obras Completas)

 
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