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EL PROCURADOR GENERAL LE RECLAMA A LA CORTE QUE EL JUICIO A CRISTINA KIRCHNER COMIENCE EL 21 DE MAYO PDF Imprimir E-Mail
miércoles, 15 de mayo de 2019

EL PROCURADOR GENERAL LE RECLAMA A LA CORTE QUE EL JUICIO A CRISTINA KIRCHNER COMIENCE EL 21 DE MAYO

Sospechas de corrupción. Eduardo Casal avaló el pedido del fiscal Diego Luciani, quien sostuvo que el escrito de la Corte Suprema no debe retrasar el juicio oral por la Obra Pública en San Cruz.

LUCÍA SALINAS – DIARIO CLARÍN

 

El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, le pidió a la Corte Suprema que no se retrase el inicio del juicio oral por el manejo de la obra pública durante el kirchnerismo, previsto para el martes 21. Casal avaló un pedido en ese mismo sentido que había presentado el fiscal ante el Tribunal Oral Federal 2, Diego Luciani, quien le reclamó a los jueces que no pospongan el inicio del juicio a Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López y Lázaro Báez, entre otros, por supuesta corrupción en los contratos de obra pública vial en Santa Cruz. 

 

Además, el Gobierno solicitó a través de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF) que se dé inicio al juicio. Este jueves el TOF 2 elevará la causa a la corte y esto retrasará el juzgamiento sobre la ex Presidenta y otros quince imputados.

 

En un breve texto, poco antes que cierre la mesa de entrada de la Corte Suprema de Justicia y mientras los jueces del TOF 2 analizaban la situación, Casal avaló un pedido del fiscal Diego Luciani quien le reclamó a los jueces que no pospongan el inicio del juicio a Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López y Lázaro Báez, entre otros, por supuesta corrupción en los contratos de obra pública vial en Santa Cruz, con un perjuicio de $ 46.000 millones contra el Estado.

 

Esta presentación del Procurador General de la Nación, retrasó un día más la resolución que estaban próximos a firmar el presidente del TOF 2, Jorge Gorini y su par Andrés Basso. En ella, según pudo saber Clarín, se iba a realizar la elevación de la causa que fue elevada a juicio oral hace un año y dos meses por el juez Julián Ercolini.

 

La investigación que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner, como jefa de la asociación ilícita que defraudó al Estado con el direccionamiento de la obra pública a favor del Grupo Austral -holding de Lázaro Báez-, cuenta con 60 cuerpos, más de 70 cajas de documentación y aparte, todos los expedientes de los 52 contratos viales que recibió el empresario K desde 2005 a 2015 como dueño del Holding investigado además, por lavado de dinero.

 

La Corte requirió el cuerpo principal de la causa porque debe resolver nueve recursos extraordinarios, es decir, quejas de algunos acusados que llegaron a la máxima instancia. Dos de esos recursos corresponden a la defensa de la ex Presidenta quien reclamó por una serie de medidas de prueba que solicitó ante el TOF 2 para que se tengan en cuenta durante el juicio. Al ser denegadas, su abogado Carlos Beraldi fue en queja a la Corte.

 

Entre las medidas requeridas y a las que no se le dieron lugar, Cristina Kirchner había pedido que se cite a declaración testimonial a todos los funcionarios que firmaron modificaciones en las asignaciones presupuestarias en el marco del Ministerio de Planificación Federal y Vialidad Nacional de quienes dependía la obra pública. Asimismo, pidió que se cite a todos los legisladores que aprobaron las leyes de presupuesto donde se incluía la partida para obras viales. Tampoco se le hizo lugar a una pericia contable que se requirió sobre todas las obras adjudicadas durante los doce años de gestión kirchnerista.

 

El listado de recursos que debe resolver el Máximo Tribunal cuenta con dos que sobresalen: un planteo de competencia de la Cámara de Casación ya que dos salas diferentes resolvieron incidentes vinculados a la causa de obra pública. Y por otro lado, una queja por una pericia que ordenó el TOF 2 no sobre los 52 contratos que ganó Lázaro Báez -como pidió la ex Presidenta-, sino que eligió cinco casos testigos. Las defensa plantearon que era un universo muy acotado para determinar si hubo direccionamiento de las licitaciones, sobreprecios, incumplimientos en los plazos de obra.

 

Por este motivo, se requirió el cuerpo principal. Ante esta medida el fiscal Luciani ahora avalado por el Procurador General, advirtió que, "aunque resulte una obviedad", "la mera interposición de un recurso de queja ante la Corte Suprema no suspende el trámite del proceso y, por tal razón, corresponde adoptar medidas a los efectos de asegurar que el 21 de mayo se pueda dar inicio a la audiencia de debate en la presente causa." Para lograrlo, el fiscal solicitó que los jueces requieran a la Corte que devuelva la causa "con antelación suficiente" para que esa fecha no se deba postergar.

 

Con la firma de cuatro de sus jueces, el máximo tribunal pidió el lunes a última hora que el TOF 2 remita la causa principal -no copias certificadas, sino el original de más de 60 cuerpos-, para resolver una serie de recursos planteados por la defensa de la ex Presidenta.

 

Eso indefectiblemente retrasará el inicio del juicio, ya que según señalaron fuentes judiciales, "sin el cuerpo principal del expediente no se puede dar inicio a la audiencia, no te podés remitir a ninguna foja ni leer el requerimiento de elevación a juicio", esto último es lo primero que se hace en el inicio de la instancia oral.

 

Buscando evitar la suspensión de la audiencia inicial, el fiscal Luciani en el escrito al que accedió Clarín planteó que el máximo tribunal devuelva el expediente a tiempo, y al mismo tiempo que se "haga saber a los señores ministros de la Corte que las presentes actuaciones han sido en su totalidad digitalizadas para agilizar la tarea de todos los operadores judiciales y de las partes".

 

En consecuencia se requirió "que se pongan a disposición del Alto Tribunal las copias digitales para que continúe con el análisis y estudio que entienda necesario efectuar, y devuelva los autos principales para llevar a cabo el juicio oral y público previsto para el día 21 de mayo del corriente año a las 12:00 horas".

 

La fiscalía concluyó su presentación remarcando la poca conveniencia que tiene retrasar el inicio del juicio contra Cristina Kirchner, procesada como jefa de la asociación ilícita que defraudó al Estado en la concesión de obras públicas por 46.000 millones de pesos. "Entiendo que la solución propiciada en esta presentación permitiría entonces armonizar el recto cumplimiento de las tareas inherentes a las diversas instancias del sistema de justicia, respetando en ese marco el debido proceso legal del derecho de defensa que asiste, también constitucionalmente, a las partes".

 

El juez federal Julián Ercolini fue quien procesó a Cristina Kirchner y dio por corroborada la existencia de un "esquema de beneficios exclusivos y permanentes en favor” de Báez en "detrimento de las arcas del Estado". Ello se hizo, según el juez, a través de "simulación de licitaciones, falsas constituciones de UTEs con firmas del empresario K, sobreprecios del 64,72%, adjudicación de nuevas obras pese a incumplimientos sistemáticos, la presentación de un mismo certificado de capacidad técnica, celeridad al momento de entregarle obras y anticipos a Báez", entre otros puntos.

 

Esta operatoria posibilitó que entre 2004 y 2015 Lázaro Báez incrementara sus bienes en un 12.127%. El patrimonio de Austral Construcciones -su firma insignia, que hoy tiene una quiebra decretada-, tuvo un crecimiento de 45.313%, según un informe sobre el cual trabaja el Tribunal Oral como parte de la prueba que sustenta el "direccionamiento a favor del grupo Báez".

 
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