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DERECHO ADMINISTRATIVO - por Jorge H. Sarmiento García PDF Imprimir E-Mail
lunes, 14 de mayo de 2007
SE DEBE RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN EN SEDE ADMINISTRATIVA SIEMPRE QUE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO SE ENCUENTRA REGULADA POR EL DERECHO PÚBLICO

 

 

Ya hemos destacado que de los artículos 1, 2, 5, 6, 7 y cc. del C. P. A., surge que es requisito necesario para la existencia de una causa procesal administrativa que medie una decisión administrativa definitiva, causante de estado, y la supuesta violación de un derecho subjetivo o interés legítimo regido por ley, decreto, reglamento, resolución, contrato, acto o cualquier otra disposición de carácter administrativo, como también que los hechos administrativos, de suyo, no generan directamente las acciones regidas por el Código, siendo necesario, en todos los casos, la reclamación administrativa  para la obtención de una decisión denegatoria del derecho o interés legítimo invocado.

 

Esas normas reglamentan el artículo 144 inciso 5º de la Constitución provincial, que también exige como presupuesto para que exista causa “contencioso-administrativa”, la necesidad de una pretensión que haya sido denegada de modo expreso o tácito por el sujeto que ejerce la función administrativa, tratándose de una "denegación... al reconocimiento de los derechos gestionados por la parte interesada".

 

Ante ello, hemos sostenido que para hacer valer la responsabilidad por daños generados por omisiones o simples hechos de la administración, que no deban “resolverse aplicando exclusivamente normas de derecho privado o del trabajo”, el reclamo administrativo previo es necesario como presupuesto o requisito de admisibilidad de la demanda.

 

En otras palabras, afirmamos que el agotamiento de la vía administrativa no sólo es necesario ante daños provocados por decisiones de la administración.

 

Si el reclamo por daños y perjuicios causados por omisiones o hechos es favorable al perjudicado, no existe necesidad de demanda judicial alguna; y si es denegatorio, conforme las normas antes citadas, la acción es de la competencia procesal administrativa de la Suprema Corte de Justicia, dado que existe pretensión indemnizatoria, decisión administrativa denegatoria y aquella pretensión está prevista claramente en los  artículos 18 y 59 de la ley 3.918.

 

El mero hecho (sea éste positivo o negativo, es decir, una actividad material o una mera omisión), entonces, no genera directamente acción procesal administrativa, siendo necesario la reclamación previa, no bien se distingue debidamente la fuente de la obligación y correlativamente el derecho o el interés legítimo del particular, del acto que da origen a la acción protectora de ese derecho o de ese interés legítimo lesionado; porque en el ordenamiento procesal del Código, es siempre necesario un acto de voluntad administrativa que el administrado (o perjudicado) reputa contrario a su derecho o interés legítimo, para poder accionar jurisdiccionalmente ante el Tribunal que declarará, luego, legítimo o ilegítimo el acto a que dio lugar el hecho.

 

Resulta, por tanto, que en el sistema de la ley 3.918, el que por un hecho (acción u omisión) se considera lesionado, debe reclamar la indemnización en sede administrativa siempre que la responsabilidad del Estado se encuentra regulada por el derecho público, a diferencia de lo que ocurriría si la misma fuese de derecho privado, en la cual el acto o hecho dejarían expedita la acción judicial para demandar directamente la indemnización ante los tribunales civiles o del trabajo, según corresponda.

 

Además, el decreto 899/80 y su modificatorio 290/00, que regulan la reclamación administrativa previa en casos de daños derivados de actos o hechos en el que fuera parte el Estado provincial, establece el carácter facultativo y no obligatorio del reclamo, al prescribir que la persona damnificada “podrá reclamar administrativamente el pago de los daños sufridos”.

 

Pero en razón de lo que hemos expuesto “supra”, consideramos ilegal e inconstitucional aquel decreto cuando se trata de responsabilidad estatal regida por el derecho público, siendo de destacar que no existe en la Provincia una norma legal como la del artículo 32 inciso b) de la ley 19.549, que establece que el reclamo administrativo previo no será necesario cuando se reclamaren daños y perjuicios contra el Estado por responsabilidad extracontractual (texto con la modificación introducida por el artículo 12 de la ley 25.344, correspondiente al viejo inciso d de dicho artículo, que decía: “Se reclamaren daños y perjuicios contra el Estado o se intentare una acción de desalojo contra él o una acción que no tramite por vía ordinaria”), aunque siendo, según la jurisprudencia nacional, de la competencia “contencioso-administrativa”  los casos en que se demande la responsabilidad de derecho público estatal.

 

No obstante lo expuesto, en la práctica de nuestros tribunales los daños derivados de la actuación del Estado en el ámbito del derecho público (v.gr., mala praxis en hospitales públicos, errores en certificados de los registros públicos, actuación de personal policial, etc.) son demandados, sin necesidad de reclamo administrativo previo, directamente ante los tribunales con competencia en lo civil, llegando únicamente a conocimiento y decisión de la Suprema Corte a través de los recursos extraordinarios contra las sentencias de las Cámaras de Apelación; pero seguimos pensando que nuestros tribunales, en vez de seguir lo que es más fácil esto es, los precedentes, han de estudiar nuevamente el problema y, tal vez, se decidan a actuar conforme a lo que dejamos dicho, que estimamos es lo que corresponde conforme a derecho.

 

Como ya hemos señalado antes, por cierto que la reclamación obligatoria actuaría como causa de una necesaria disminución de la litigiosidad; y si se pondera que para Ricardo Lorenzetti la lentitud de la Justicia es por culpa del Estado, advirtiendo el titular de la Corte Suprema que el principal litigante, el que ocupa más causas, es el Estado, sosteniendo que hay que disminuir la litigiosidad innecesaria, deberían los órganos ejecutivos tomar debida nota de ello, para resolver con justicia en sede administrativa los reclamos (pues corresponde a los tres poderes actualizarla) y para no litigar de mala fe, con “chicanas” impropias de cualquier actuación estatal.

 
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