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LA INSEGURIDAD, UNA MORDAZA PARA LOS K PDF Imprimir E-Mail
miércoles, 09 de enero de 2019

LA INSEGURIDAD, UNA MORDAZA PARA LOS K

El dilema de las pistolas Taser y la problemática general de la seguridad parece provocar un vacío ostensible en el discurso kirchnerista-peronista. Sergio Berni apoyó en su tiempo la utilización de las Taser y la expulsión de extranjeros que delincan.

EDUARDO VAN DER KOOY – DIARIO CLARÍN

 

El empeño que el Gobierno coloca en la instalación pública de una agenda sobre seguridad podría reconocer tres virtudes políticas. Se trata, en efecto, de una seria preocupación que atraviesa de modo vertical la pirámide social. Evitaría el monopolio, por otra parte, del malestar popular por la crisis económica que los anuncios oficiales sobre los futuros aumentos de tarifas ayudaron a potenciar. Incrusta como inicio de campaña electoral, con la fugacidad que todo posee en la Argentina, una cuestión muy incómoda para la principal oposición. De hecho, casi no se escucharon voces peronistas o kirchneristas a medida que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, comenzó a descubrir su programa.

 

Antes de que eso sucediera se registró un estrechamiento de filas en el macrismo. Condición indispensable para promover una batería de medidas que, con certeza, abrirá algunas discusiones con los socios radicales y de la Coalición Cívica que conforman Cambiemos. Elisa Carrió puso el grito en el cielo cuando Bullrich anunció la flexibilización del protocolo policial para el uso de armas de fuego durante la persecución de delincuentes. Hasta llegó a tildarlo de fascista.

 

La novedad fue la tregua sellada entre Horacio Rodríguez Larreta y la ministra de Seguridad. Siempre existieron diferencias entre ellos sobre la rigurosidad para enfrentar las manifestaciones callejeras. Ese clima fue virando después de un episodio bisagra: los incidentes que forzaron el 9 de diciembre la suspensión del partido entre River y Boca por la Copa Libertadores. Que se terminó dirimiendo en Madrid. Se produjo la salida de Martín Ocampo como ministro de Seguridad porteño. Esas funciones fueron absorbidas por el vicejefe de la administración, Diego Santilli.

 

El funcionario se convirtió en un nexo directo con Bullrich. Sin las intermediaciones que muchas veces sufrió Ocampo. Propiciadas incluso desde adentro del Gabinete nacional. Santilli recibió la venia de Rodríguez Larreta. El primer examen importante pasó con éxito. El Gobierno anunció la compra de 300 pistolas Taser. Un mecanismo de electrochoque para ser utilizado en aeropuertos y estaciones de trenes. Difícil que suceda en el primer caso, por la cantidad de controles naturales existentes. Probable que pueda ocurrir en el segundo donde no suelen verse más que algunos efectivos de la Policía de la Ciudad o bonaerenses. El debate sobre las pistolas Taser se había dado en la Ciudad en el 2016.

 

Santilli habló de la cuestión con la ministra y con su jefe directo, Rodríguez Larreta. La idea del vicejefe, para arrancar, sería lograr ponerlas en uso en las estaciones de subte. Donde cotidianamente se cometen delitos. Los responsables, en medio del gentío, prácticamente nunca pueden ser reducidos.

 

El dilema de las pistolas Taser y la problemática general de la seguridad parece provocar un vacío ostensible en el discurso kirchnerista-peronista. Las diferencias, en ese sentido, afloraron durante la década pasada. En 2015 Sergio Berni, por entonces secretario de Seguridad de Cristina Fernández, opinó que la manipulación de las Taser es viable en lugares específicos. Como ahora propone el Gobierno. En ese momento mantuvo un contrapunto con Aníbal Fernández, jefe de Gabinete, quien se opuso. Quizás estimulado sólo por el afán de confrontación política contra quien ejercía la intendencia y apuntaba a la Casa Rosada: Mauricio Macri.

 

Desde que el kirchnerismo pasó a la oposición, Berni ha quedado casi como la única voz autorizada sobre seguridad. Su prédica dista de aferrarse al garantismo que impuso entre los K las tesis del ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni. Berni cuestionó el nuevo protocolo policial de Bullrich. “Es humo”, graficó. Pero hizo, a la par, admisiones que erizaron la dócil sensibilidad del kirchnerismo. Acostumbrado a relatar que durante su decanato se habían registrado poquísimas víctimas. Berni contó que “bastantes veces” tuvo que matar a delincuentes. O que tuvo que dar esas órdenes para que la víctima fuera salvada. Agregó que la prioridad es siempre “salvar a la víctima y defender a la autoridad”. La ministra Bullrich, tal vez, no hubiera sido tan eficaz con la misma explicación.

 

La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), compuesta por nucleamientos afines a la centro-izquierda, informó que entre el 2003 y el 2015 murieron 3.070 personas por torturas y gatillo fácil. Aseguró que 21 militantes sociales resultaron asesinados por fuerzas de seguridad en actos represivos. Y que fueron 70 los desaparecidos durante la década kirchnerista. Se trata de la misma organización que ahora sostiene que una persona desarmada muere en la Argentina cada 22 horas. Palazo para el macrismo. No está claro, sin embargo, cómo sería la metodología para concluir en esas estadísticas. Pero revela, en cualquier caso y circunstancia histórica, de que la violencia es un fenómeno permanente en nuestra sociedad.

 

Bullrich completó su menú de los últimos días con otros anuncios. La creación de un ejército de reservistas. ¿Con qué presupuesto?, valdría interrogar. Agregó un asunto de vieja data que suele quedar en la nada: el proyecto para bajar la edad de la imputabilidad. Ya dividió varias veces las aguas en el Congreso. El broche estaría a cargo de la expulsión de los extranjeros descubiertos en situación de delito. Explicó que en el último tiempo “sobre todo en drogas, el aumento del delito en manos de extranjeros es importante”. Llegaría al 20% de los detenidos.

 

De nuevo, el soporte dialéctico más sólido que podría encontrar el Gobierno emergería del kirchnerismo. Allí los sectores que se proclaman progresistas aluden al supuesto riesgo de la xenofobia. La carga de culpas sobre los inmigrantes. Pero no constituye la única mirada. Ya en octubre del 2014 Berni aseguró que el país está “infectado” por delincuentes extranjeros. Dijo, entonces, que se trataba de un conflicto que tenía, al menos, tres años de antigüedad (2011). Que, entre varias razones, obedecía al amparo de la laxitud judicial.

 

Su sinceramiento ocurrió el día en que el fiscal Carlos Stornelli resultó acorralado por 12 asaltantes colombianos en la Autopista Illía. A cuadras del Obelisco. También blanqueó que la inseguridad “es un problema real, ninguna sensación de nada”. Otro tiro por elevación para Aníbal, numen de aquella frase necia y célebre.

 

A decir verdad, en esa oportunidad Berni no se estuvo solo. El entonces ministro de Seguridad de Daniel Scioli, Alejandro Granados, ahora de nuevo intendente de Ezeiza, manifestó su “acuerdo total” sobre la deportación de extranjeros que participen en delitos. El jefe de la bancada Argentina Federal, del Senado, Miguel Angel Pichetto hizo el año pasado una propuesta similar después de los incidentes que rodearon el tratamiento del Presupuesto.

 

Pichetto integra junto a Juan Schiaretti, de Córdoba, Juan Manuel Urtubey, de Salta, y Sergio Massa el espacio que congrega a otros gobernadores pejotistas que hurgan una alternativa electoral que se diferencie de Cristina. El ex diputado del Frente Renovador prefiere por ahora no hablar sobre la agenda de inseguridad del Gobierno. ¿Porque comparte más de lo que disiente? Difícil saberlo hasta que no se arranque, como otros, la mordaza

 
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