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UN FISCAL PEDIRÁ QUE CRISTÓBAL LÓPEZ, FABIÁN DE SOUSA Y RICARDO ECHEGARAY VAYAN A JUICIO PDF Imprimir E-Mail
lunes, 14 de mayo de 2018

UN FISCAL PEDIRÁ QUE CRISTÓBAL LÓPEZ, FABIÁN DE SOUSA Y RICARDO ECHEGARAY VAYAN A JUICIO

Lo hara Gerardo Pollicita. Es en la causa por defraudación al Estado por la deuda de $8.000 millones que Oil Combustibles le debe a la AFIP.

LUCÍA SALINAS – DIARIO CLARÍN


El fiscal Gerardo Pollicita pedirá la elevación a juicio oral y público de Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray por el delito de defraudación agravada. Asimismo, requerirá que se afecte al embargo de $ 17.000 millones los bienes de los acusados, el secuestro de los mismos, el depósito y administración judicial de los bienes muebles, y una tasación de la totalidad de todo. La Justicia quiere ponerle un número a la fortuna de los acusados.

 

López está acusado de haber defraudado al Estado en $ 8.000 millones durante el último gobierno de Cristina Kirchner por no pagar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) con Oil Combustibles, la petrolera que hoy está quebrada. Así generó una deuda multimillonaria con el fisco, mientras utilizaba los fondos que no le pagaba a la AFIP para financiar y ampliar su conglomerado empresarial.

 

Para el fiscal Pollicita la causa no es ajena a la investigación por una supuesta asociación ilícita encabezada por Néstor y Cristina Kirchner, ni del expediente que sigue el direccionamiento de la obra pública a empresarios K como Lázaro Báez. Pollicita cree que hay una “matriz de corrupción” que dio “favores” a un “reducido número de empresarios amigos ligados personal y comercialmente" a los Kirchner. Entre ellos, para el fiscal, está López.

 

Con este telón de fondo, Pollicita sostiene que los empresarios K se dedicaron de manera sistemática y constante a “llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos”. Hay más. Estos empresarios amigos fueron engranajes en la etapa siguiente: la del “reciclaje de activos”. Así, se “retornó una porción de lo sustraído” al Estado, como es el caso de López a la AFIP, mientras era inquilino de Cristina Kirchner y adquiría medios de comunicación “funcionales al Gobierno” kirchnerista.

 

En este contexto se ubica la maniobra de corrupción por la cual desde la AFIP, sus funcionarios y sobre todo quien era su principal autoridad, Ricardo Echegaray, “defraudaron al Estado” en beneficio de López y De Sousa.

 

De los 55 meses investigados, los dueños del Grupo Indalo sólo tributaron el ITC durante siete meses. Así, el pedido de elevación a juicio oral se basa en la confirmación de la “instrumentación de una compleja maniobra de corrupción perpetrada dentro y fuera de la AFIP”, donde hubo una estructura permanente y coordinada de personas que lograron la “sustracción de fondos millonarios por medio de la defraudación al Estado”.

 

Hubo tres momentos claros en la causa, el primero de ellos en 2010 cuando se constituyó Oil Combustibles a la que considera una “estructura societaria para el fraude”. Después, comenzó la instancia de “acumulación ilegítima de deuda" del ITC, y como ya mencionó Pollicita en otros escritos, con el otorgamiento “irregular de planes de facilidades de pago”, López usó de forma "indebida el impuesto” para financiar y expandir al Grupo Indalo.

 

La maniobra contó con la intervención de Echegaray como cabeza de la AFIP. Esta acusado de ser autor de la defraudación. Según el fiscal, Echagaray diseñó y puso en marcha un circuito por el cual desde el ente recaudador, “deliberadamente no exigió a Oil el pago del impuesto”. Esto generó que se acumule una deuda millonaria con el Estado con facilidades de pago que fueron calificados de “ilegales”.

 

La petrolera -según la causa-, contaba con el dinero para cumplir con el pago del ITC, pero por el contrario López y De Sousa “retiraban las sumas que eran percibidas pero no depositadas al Fisco" y las entregaban en "concepto de préstamos tanto a ellos mismos como a otras empresas del grupo”.

 

Esta maniobra, les permitió aumentar su patrimonio y comprar empresas a pesar que descapitalizaban la petrolera que cuando comenzó la causa estaba en concurso preventivo y hoy está quebrada.

 

El fiscal insiste en la necesidad de avanzar en el aseguramiento de los bienes de los acusados. Quiere garantizar la reparación del daño ocasionado: que paguen lo que deben.

 
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