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CRECE LA PELEA ENTRE JUECES POR EL TRASPASO A LA JUSTICIA PORTEÑA PDF Imprimir E-Mail
viernes, 11 de mayo de 2018

CRECE LA PELEA ENTRE JUECES POR EL TRASPASO A LA JUSTICIA PORTEÑA

La pulseada histórica con los 12 magistrados federales. Un numeroso grupo de los 60 jueces penales ordinarios no quieren pasar a la ciudad y piden quedarse con algunos delitos federales.

DANIEL SANTORO – DIARIO CLARÍN

 

El debate que se iniciará en junio sobre el proyecto de nuevo código penal permitirá, además, discutir sobre las competencias de los jueces y la resistencia de un numeroso grupo de los 63 jueces penales ordinarios de pasar a la justicia porteña. Son aquellos que no encuentran aún su nuevo lugar en el nuevo mundo judicial. Todo de la mano con la demorada reforma de la Justicia que este viernes empezará a lanzar el ministro de Justicia, Germán Garavano. El debate por el código “dará espacio” para hablar de ese conflicto creciente sobre el tema de las las transferencias y las competencias, estimó una fuente del Consejo de la Magistratura de la Nación consultada porClarín.

 

En el traspaso de competencias a la justicia de la ciudad pasaron los delitos de abuso de armas, violación de domicilio, incendio y otros estragos, tenencia, portación y provisión de armas de armas de guerra de uso civil condicional, impedimento de contacto, delitos en el deporte, atentado y resistencia a la autoridad, malversación de caudales, prevaricato, falso testimonio, falsificación de documentos, algunas estafas procesales, etc. Este traspaso de competencias mermará sensiblemente la competencia de los 63 juzgados del fuero penal ordinario que mantienen una pelea histórica con los 12 jueces federales. Basta recordar que en el 2004, el entonces ministro de Justicia Gustavo Béliz intentó fusionar los dos fueros y terminó renunciando y en un autoexilio en Washington.

 

En el palacio de Justicia se empuja una propuesta intermedia ante el traspaso tan resistido. Consiste en que un numeroso grupo de los 63 juzgados penales ordinarios se asigne competencia en algunos delitos que en el fuero federal no se investigan a fondo por desinterés histórico. Por ejemplo, intimidación pública y otros vinculados en los desórdenes de la vía pública y los llamados como “narco menudeo”, dice una fuente de este grupo de jueces. Con el narcotráfico, sería algo parecido a lo que se hizo hace años en la Provincia de Buenos Aires, que se traspasó la competencia a la justicia provincial, contó un juez que pidió el anonimato. También, quedan los delitos migratorios que la justicia contencioso administrativa se niega a intervenir luego de que declaró inconstitucionalidad un decreto de necesidad y urgencia de este gobierno, entre otros.

 

La propuesta agrega, entonces, que un grupo de los magistrados más antiguos de los 63 se queden en jurisdicción nacional para investigar esos delitos. Sería una buena salida porque el Gobierno no quiere forzar el traspaso a la ciudad de ese grupo para evitar los eventuales amparos judiciales que seguro “presentarán por haber obtenido en su momento el acuerdo del Senado de la Nación para integrar la Justicia Nacional en lo Criminal de la Capital Federal”, explicó la fuente.

 

La ley marco que estableció el traslado de estos jueces es la número 27.307 (conocida como Fortalecimiento de los Tribunales en lo Criminal Federal y de los Tribunales Orales en lo Penal Económico” o, “Justicia 2020”) vigente en la actualidad. Pero la acordada 4 de la Corte, impulsada por Lorenzetti, de principios de este años invalidó sorpresivamente la implementación de esa ley en lo que concierne al traslado de los jueces nacionales a la órbita de la justicia federal. Los 12 juez federales, en general, están de acuerdo con la Corte porque se oponen a ese traslado porque creen que verán “diluido” su poder de ser los únicos en investigar la corrupción de los funcionarios nacionales.

 

Ante un pedido de aclaración del Consejo de la Magistratura, la Corte ratificó su acordada. A partir de entonces los diputados de Cambiemos, Pablo Tonelli y Mario Negri piensan en impulsar un proyecto con nuevos requisitos para que el traslado de jueces no suponga exigir un nuevo acuerdo del Senado. Pero "es muy probable que la Corte rechazará una ley de este tipo que eventualmente apruebe el Congreso", creen estos jueces penales ordinarios. Entonces, según su criterio la forma de evitar un conflicto mayor es darles estas nuevas competencias.

 
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