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ARRECIA EL FUEGO CRUZADO CON LORENZETTI PDF Imprimir E-Mail
miércoles, 11 de abril de 2018

ARRECIA EL FUEGO CRUZADO CON LORENZETTI

La Corte tiene en sus manos el fallo que debe validar la Magistratura reformada en el 2006. Esta vez Carrió condimenta su denuncia con material explosivo. Vincula a Lorenzetti en una presunta maniobra para desequilibrar al Gobierno.

EDUARDO VAN DER KOOY – DIARIO CLARÍN

 

"Ahora me parece que quieren ir por vos”, se escuchó de un lado del teléfono. “Querrás decir, por nosotros”, resultó la respuesta. Ese diálogo fue mantenido entre el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti y un juez de Comodoro Py. La advertencia inicial correspondió al abogado de Rafaela. La contestación fue obra de un magistrado que supo ilustrar el grado de tensión que existe entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Que incluye el persistente malestar de Mauricio Macri con el propio Lorenzetti.

 

Tal vez por esa razón, por primera vez la líder de la Coalición, Elisa Carrió, no ha sido frenada desde la Casa Rosada para que evite ampliar su denuncia y pedido de juicio político contra Lorenzetti. Su propósito sería reimpulsar el expediente que posee hace un año la Comisión de Juicio Político en el Congreso. Nunca lo trató. Si transita otro año en esa condición perderá estado parlamentario.

 

La mujer se siente con tanta libertad que hasta soslayó otra novedad. El fiscal Germán Moldes no apeló la decisión de la Cámara Federal que archivó su denuncia contra Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors y amigo de Macri, por supuesto tráfico de influencias en la Justicia. El juez Sebastián Casanello lo había sobreseído en primera instancia.

 

Esta vez Carrió condimenta su denuncia con material explosivo. Vincula a Lorenzetti en una presunta maniobra para desequilibrar al Gobierno. Urdida a través del escandalete que desataron las insólitas denuncias sobre pedofilia que hizo por televisión la trabajadora Natasha Jaitt. Que implicó a periodistas, políticos y otras yerbas. Resultó que Jaitt sería un correo subterráneo de topos argentinos. Todo el cuadro rodeado de poquísima seriedad –como es frecuente en la Argentina-- pero con capacidad de todos modos para causar un sismo.

 

Tanta sensibilidad exhiben los actores de la Justicia y la política, que Lorenzetti incurrió el lunes en un gesto sobreactuado. Organizó un tour con periodistas en las oficinas donde se decodifican las llamadas telefónicas intervenidas a raíz de investigaciones y poder orden judicial. Para que la prensa fuera testigo, tal vez, de la disciplina con que se trabaja en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO). Que depende de la Corte Suprema. Se calcula que en la actualidad hay alrededor de 4800 líneas intervenidas.

 

El Gobierno, a todo esto, tendría orientada la pesquisa que detonó el escándalo de Jaitt. Estaría involucrado un sector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), ajeno al parecer al espía nacional de todos los tiempos, Jaime Stiusso. Pero que su titular, Gustavo Arribas tampoco fiscaliza. En vinculación con dos jueces renombrados de Comodoro Py. Según esas huellas, Lorenzetti no tendría nada que ver en la operación.

 

La presión de Carrió sobre el jefe de la Corte Suprema tendría de todas maneras valor. Porque Lorenzetti administra ahora mismo un par de asuntos cruciales para los intentos de reforma que el gobierno ensaya en el Poder Judicial. Ayer empezó a circular entre los cinco jueces el borrador que precisaría los alcances de la acordada que, por tres votos contra dos, invalidó el Tribunal Oral Federal 9 que debía juzgar una megacausa (ruta del dinero K y Memorándum de Entendimiento con Irán) contra Cristina Fernández. Consideró inconducente su integración con jueces que provenían del fuero ordinario que, por otra parte, no habían cumplido con el requisito del sorteo previo.

 

El traspaso de magistrados del fuero ordinario al federal fue habilitado en diciembre del 2016 por una ley que votaron diputados y senadores con amplia mayoría. Que se llama Ley de Fortalecimiento de los Tribunales Orales. Existiría entre los cortesanos la intención de poner un paño frío y evitar una virtual colisión de poderes. Aquella acordada no tendría, finalmente, efectos retroactivos. No modificaría los cambios introducidos durante el 2017.

 

El Gobierno está atento a otra cuestión, aún más delicada, que también debe resolver el Máximo Tribunal. Refiere a la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura. Que viene de arrastre desde el 2006, cuando un proyecto de la entonces senadora Cristina Fernández modificó su composición. Redujo los miembros de 20 a 13. Después de un paréntesis, el Gobierno consiguió alinear, con altibajos, el voto de 8 consejeros. Así salió el expediente de un caso resonante. El juicio político y la destitución del camarista Eduardo Freiler. Nunca pudo justificar su patrimonio ni los recursos con los cuales logró conformarlo.

 

Aquella reforma tuvo dos sentencias negativas. En 2013 de parte de la jueza María Servini de Cubría. En 2016 hizo lo propio la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Mediante un recurso extraordinario el PEN logró que el conflicto aterrizara en la Corte.

 

Otro fallo adverso podría significar un desastre para el Gobierno. Por dos razones. Repondría el número de 20 miembros, con lo cual podría resignar la endeble mayoría presente. También la titularidad del viejo esquema, que retornaría a manos del jefe de la Corte Suprema. Es decir, de Lorenzetti.

 

Si así ocurriera, interpretan en el poder, volvería a extenderse un blindaje sobre Comodoro Py. ¿De qué forma podría reemplazarse a alguno de los jueces federales? Eso alimenta la teoría que acostumbra a esgrimir Carrió. La presunta existencia de un pacto entre Lorenzetti y los magistrados. Que colocaría a un ritmo de tranco de tortuga muchas de las causas que se sustancian por la corrupción kirchnerista.

 

El asunto excede a los funcionarios y mediadores de oficio que intercambian con la Corte Suprema. Macri estuvo analizando el pleito potencial con su principal hombre político, Marcos Peña. Para el Jefe de Gabinete no estaría en ciernes sólo un posible daño institucional. También un golpe durísimo al Gobierno en su afán de revisar la corrupción del pasado. No tienen claro todavía cómo pueden afrontar semejante situación. Sin entrar en una colisión de mucho peligro con el Poder Judicial.

 

En medio de semejante desasosiego el Gobierno recibió una noticia alentadora, aunque tampoco del todo. Servini de Cubría dispuso la intervención de la conducción del Partido Justicialista. Que, casi como un sello de goma, desempeñan el sanjuanino José Luis Gioja y el ex gobernador Daniel Scioli. Había varios pedidos, en ese sentido. Desde el presentado por el ex presidente Eduardo Duhalde hasta otro del triunviro cegetista, Carlos Acuña.

 

Servini produjo dos sorpresas. Designó interventor al gastronómico Luis Barrionuevo. Ligado a Acuña. Produjo un fallo de fuerte contenido político. Alude a un “vaciamiento” partidario. A que las sucesivas derrotas electorales produjeron “divisiones internas”. Que existen líneas (¿el kirchnerismo?) que se ubican en las antípodas del pensamiento político. Para darle un tono épico a su decisión, Servini cerró con una mención a Juan Perón. Alguna vez habrá dicho, como le adjudica, que “su partido anhela la unidad y no la lucha”.

 

El fallo de la jueza se derramó como un alud de piedras sobre el peronismo. Gioja apareció atrincherado en las oficinas del partido para resistir la llegada de Barrionuevo. El gremialista manifestó que está dispuesto a desempeñar su cargo. Los pejotistas tradicionales denunciaron que detrás del fallo de Servini estaría la mano del Gobierno. Aunque no hay pruebas para aportar, la sensación objetiva que está imperando sería esa. En cambio, el desbarajuste peronista no representa ninguna sensación. Innumerables evidencias permanecen a la vista.

 
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