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EL JUEZ ERCOLINI RECHAZÓ LEVANTAR LA INHIBICIÓN DE BIENES Y SE COMPLICA LA VENTA DEL GRUPO INDALO PDF Imprimir E-Mail
miércoles, 11 de abril de 2018

EL JUEZ ERCOLINI RECHAZÓ LEVANTAR LA INHIBICIÓN DE BIENES Y SE COMPLICA LA VENTA DEL GRUPO INDALO

El conglomerado del empresario K. El juez Julián Ercolini rechazó el último pedido que hizo el empresario K. El magistrado le negó a Cristóbal López autorización para traspasar las acciones de 170 empresas del grupo.

LUCÍA SALINAS – DIARIO CLARÍN

 

Una vez más, la justicia puso un freno a las intenciones de venta de Cristóbal López y Fabián De Sousa del Grupo Indalo. El juez Julián Ercolini rechazó el último pedido que hizo el empresario K, para que se levante la inhibición general de bienes ordenada sobre la empresa y así poder realizar un traspaso de las acciones de las 170 firmas que conforman el holding.

 

El futuro del Grupo Indalo está rodeado de incertidumbre. Con deudas con el fisco por más de $ 1.900 millones correspondientes a los aportes de la seguridad social, y con su principal activo, Oil Combustibles SA (OCSA) al borde de la quiebra y con una deuda de $ 19.000 millones con la AFIP, sus dueños no tienen aún definido cómo continuar.

 

Mientras OCSA está en manos del juez comercial Javier Cosentino, en el fuero federal penal, el juez Ercolini es quien decide sobre las medidas cautelares sobre el Grupo. Bajo la premisa que López y De Sousa defraudaron al Estado por no pagar con la firma petrolera $ 8.000 millones a la AFIP, correspondientes al Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), Ercolini inhibió al Grupo y en esta oportunidad, volvió a rechazar la suspensión de la medida cautelar.

 

Sólo puede concretarse la venta del holding si el juez autoriza levantar la inhibición. Ercolini señaló que “nunca se transparentó un plan para asumir responsabilidad sobre el pasivo de la empresa”.

 

Así, entendió que no hay garantías de que se resguarde el patrimonio de la firma Oil que es la principal garantía en caso de que el Estado avance en el cobro de la multimillonaria deuda. De esta manera, se agotan las posibilidades del empresario K que recuperó su libertad hace pocas semanas.

 

El fiscal Gerardo Pollicita el 28 de febrero se opuso a la operación comercial al indicar que el plan de venta “lejos de contener una propuesta seria y documentada de cómo se instrumentará un plan de negocios en el quienes adquieran la propiedad del Grupo Indalo, evidenciarían una ingeniería societaria legal compleja tendiente a lograr adquirir las empresas del grupo y sus bienes a un valor simbólico y obtener así los máximos beneficios posibles trasladando los riesgos a terceros en particular al Estado nacional”.

 

Las principales dudas surgieron en torno al grupo inversor OP Investiment que busca quedarse con Indalo: “Es inexistente y carece de capacidad económica y financiera”, había dicho Pollicita y remarcó que no se aportó “ningún documento jurídico que legitime a OP como compradora”. Dijo que el fondo de inversión “carece de capacidad económica y financiera para afrontar la situación y los riesgos de un grupo de la magnitud de Indalo”.

 

Las principales críticas refieren a que la operación se realizó entre López e Ignacio Rosner y su socio Santiago Dellatorre (dueños de OP) "y posteriormente se creó OP con un capital de 1.000 dólares con los cuales haría frente a cualquier eventualidad", explica el dictamen presentado al juez Ercolini. La sospecha es que OP funciona sólo como “una sociedad vehículo” con fecha posterior a la oferta.

 

En consecuencia, señaló la fiscalía que OP "no firmó ninguna intención de compra" lo hicieron Rosner y Dellatorre "dueños del fondo de inversión". "En caso de no poder recomponer la situación del grupo únicamente deberán responder con el patrimonio de la "sociedad vehículo" (OP) con los referidos 1.000 dólares".

 

Para la Justicia no es claro el plan de inversión ni la operación de compra venta en la que insiste Cristóbal López. A la misma, también se opuso la AFIP que sumó dos elementos más: una nueva denuncia por defraudación por $ 2,8 millones y una deuda post concursal generada por OP al generar que Oil deje de pagar de nuevo el ITC: deben a la fecha $ 1.600 millones de dicho tributo.

 
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