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lunes, 09 de abril de 2018

LA AFIP SE ENDURECE MÁS CON CRISTÓBAL LÓPEZ: PEDIRÁ QUE VAYA A JUICIO ORAL POR DEFRAUDACIÓN AL ESTADO

La AFIP pedirá que los acusados vayan a juicio oral y además, demandará civilmente a los dueños del Grupo Indalo por “daños y perjuicio”. Es por la deuda de más de $ 8.000 millones. También lo solicitará para De Sousa y Echegaray.

LUCÍA SALINAS – DIARIO CLARÍN

 

A la espera que la Cámara Federal de Casación resuelva si Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray son responsable de haber retenido indebidamente el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) o si -como concluyó el juez Julián Ercolini-, defraudaron al Estado por $ 8.000 millones, la AFIP pedirá que los acusados vayan a juicio oral y además, demandará civilmente a los dueños del Grupo Indalo por “daños y perjuicio”.

 

La AFIP dirigida por Leandro Cuccioli, en su rol de querellante y denunciante en la causa en la que estuvieron detenidos los dueños del Grupo Indalo hasta que un fallo de la Sala I de la Cámara Federal porteña los excarceló, avanzará contra los acusados.

 

En primer lugar, el organismo recaudador después que así se lo solicitara el juez Ercolini, presentará en los próximos días, el pedido de elevación a juicio oral de Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray. Según confirmaron fuentes oficiales a Clarín, el escrito apuntará contra los acusados por el delito de defraudación al Estado.

 

El pedido de elevación, se realiza después que el juez de la causa consideró que se encuentra “completa la instrucción respecto de los hechos atribuidos a López, De Sousa y Echegaray”. Por ello, se corrió vista a la querella -AFIP-, para después hacer lo mismo con el fiscal Gerardo Pollicita.

 

Desde el viernes pasado, en la Cámara Federal de Casación se encuentra en análisis el pedido del fisco, que rechazó la modificación de la calificación penal que impuso la Sala I de la Cámara federal porteña, en la resolución que por voto mayoritario firmaron los jueces Jorge Ballestero (en disidencia con su par Leopoldo Bruglia) y el desempate de Eduardo Farah.

 

Para Farah y Ballesteros, los empresarios y Echegaray no deben estar procesados por defraudar al Estado por no pagar el ITC al fisco unos $ 8.000 millones, durante el gobierno de Cristina Kirchner -fondos con los que financiaron el holding-, sino que consideraron que les cabe la acusación de "retención indebida de tributos", un delito propio del fuero penal económico.

 

Junto con la modificación de la calificación penal, la resolución de la Sala I también redujo el embargo que se había trabado a los acusados en la causa: de $ 17.000 millones, que es la deuda que la AFIP calcula que Oil Combustibles SA - la firma que retuvo el ITC-, mantiene a la fecha por dicha maniobra, la Cámara impuso una medida cautelar por $ 8.945 millones.

 

A todo esto se opuso en ente recaudador, y realizará el pedido de elevación a juicio oral, según supo Clarín, bajo la acusación inicial. Es decir: Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray defraudaron al Estado por $ 17.000 millones y deben responder con sus respectivos patrimonios por dicha cifra.

 

Junto con el pedido de que la justicia avance con la causa hacia la próxima instancia, la AFIP demandará civilmente a los dueños del Grupo Indalo. La deuda generada con el fisco desde Oil Combustibles SA(OCSA) por no pagar el ITC ya supera los $ 19.000 millones como contó Clarín.

 

La empresa se encuentra con su concurso preventivo de acreedores en proceso y el juez Javier Cosentino debe decidir en los próximos días si otorga la apertura del salvataje a la empresa o si dictamina su quiebra, algo que para la AFIP se convertiría en el camino más apropiado para “garantizar los puestos de trabajo y resguardar el patrimonio de la compañía”.

 

La demanda civil que también se presentará en el transcurso de esta semana, es la primera de esta clase que iniciará la AFIP desde su fundación, y según fuentes oficiales está destinada, a que el Estado sea compensado "por las obras que tuvo que dejar de hacer por no haber podido contar con el dinero retenido por las empresas de López".

 

La de OCSA no es la única deuda que el empresario K tiene con el fisco: al menos 25 firmas del Grupo Indalo adeudan los aportes a la seguridad social por $ 1.900 millones, como dio a conocer este medio. Los próximos días podrían ser decisivos para el holding que durante el kirchnerismo pasó de 12 empresas a 170.

 
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