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POLICÍA DE SEGURIDAD Y COMUNIDAD - por JORGE H. SARMIENTO GARCÍA PDF Imprimir E-Mail
jueves, 19 de abril de 2007

Hemos escrito en nota anterior que estamos de hecho ante una grave emergencia, pues se extiende cada vez más la inseguridad pública en nuestra Provincia.

Para enfrentarla, se requiere una eficaz acción de la policía de seguridad y de la Justicia, aunque cada una cumpliendo su rol, para lo cual es menester tener presente lo que exponemos a continuación.

Hemos escrito en nota anterior que estamos de hecho ante una grave emergencia, pues se extiende cada vez más la inseguridad pública en nuestra Provincia.

 

Para enfrentarla, se requiere una eficaz acción de la policía de seguridad y de la Justicia, aunque cada una cumpliendo su rol, para lo cual es menester tener presente lo que exponemos a continuación.

 

Reiteradamente hemos expresado, con apoyo doctrinario, que la policía de seguridad armada es la parte de la función administrativa policial que tiene por objeto la protección del orden, de la tranquilidad pública en el sentido material, externo, objetivo, la cual se encuentra perturbada no sólo cuando median hechos (como una manifestación tumultuosa), sino causas (políticas, sociales o económicas) generadoras de inquietud o desconfianza públicas, que justifican el accionar de la policía en trato aunque aquellos síntomas no se exterioricen en hechos (esto es, desórdenes materiales, faltas o contravenciones, delitos). 

 

Bien se ha dicho que esta policía interviene en lo exterior, en lo somático, no en las causas que puedan originar u originen la alteración de la tranquilidad de marras (lo que en principio es materia de competencia de las autoridades legislativas y ejecutivas superiores), ni en el juzgamiento de los ilícitos que puedan producirse, aún cuando hayan perturbado la tranquilidad pública.  

El objeto primordial de esta policía es el de prevenir, sin perjuicio del ejercicio, en su caso, de la coacción ante la ejecución de actos peligrosos o perjudiciales para la tranquilidad pública, sin invadir en modo alguno la zona de reserva judicial.

 

El fundamento constitucional de la actividad de policía, está constituido por el deber general de respetar las condiciones de orden, de tranquilidad y de seguridad, imprescindibles para el logro del bien común o bienestar general que promete nuestro Preámbulo impar. El contravenir a ese deber general, principio de orden natural que la Constitución reconoce, constituye un hecho contrario a la policía.

 

Son, por tanto, imperativos insoslayables lograr urgentemente una fuerza policial de seguridad idónea, debidamente equipada y que actúe con toda capacidad y energía, de modo razonablemente conforme a las circunstancias, apoyada por la comunidad y sin limitaciones arbitrarias que impidan el cumplimiento de sus objetivos.

 

No está de más agregar que en modo alguno la democracia es incompatible con la asecuada organización de las fuerzas de seguridad y el oportuno y eficaz cumplimiento de sus fines, organización que exige imperativamente disciplina, subordinación, jerarquía; y todo aquello que atenta verdaderamente contra esas exigencias ataca directamente a su razón de ser, aunque, por cierto, no se debe obscurecer las diferencias entre  “subordinación” y “servilismo” como entre “autoridad” y “tiranía”, acerca de las cuales hay una copiosa bibliografía. No es, entonces, idóneo para la supervivencia de las instituciones democráticas en la comunidad política, comunicar a las organizaciones policiales su espíritu civil, requiriéndose en cambio para la supervivencia buscada, inculcar a los integrantes de las fuerzas policiales su propio y auténtico espíritu policial, con virtudes que no saben de ambición ni de demagogia, y respeto emocionado a las instituciones consentidas por la comunidad.

 

A la policía de seguridad le compete ejercer el “ius agendi”, derecho-deber, oponiéndose con la fuerza a todo acto o actividad individual o colectivo que constituya un peligro para la vida de la comunidad. Ahora bien, la policía tiene un campo mucho más vasto que el derecho penal. Mientras este último se limita a reprimir -previo proceso en el que se respete la garantía de la defensa- sólo los hechos ya producidos en cuanto son específicamente previstos como delitos y en cuanto han sido cometidos por una persona imputable, la policía de seguridad puede obrar contra cualquier causa de peligro o daño, entre los límites relacionados con su objeto, sea o no sea tal causa prevista en la ley y aunque actúen inimputables. En la policía, por tanto, prevalece el elemento de la prevención, mientras que en el derecho penal predomina el de la represión.

Y el empleo de la fuerza física o coacción material en tales casos y con los requisitos preseñalados, debe ser apoyado por la comunidad en su conjunto, pues la libertad se transforma en el albedrío caprichoso, apasionado y hasta delictual de los violadores del orden, que deben ser reprimidos. Es que, en esos supuestos, en rigor es la auténtica libertad la que acude a la policía como defensora suya y requisito de una actividad liberadora cada vez más amplia y enaltecida, a la vez que la autoridad policial, en vez de traducirse en opresión de las libres energías, rompe las ataduras de la pasión salvaje.

 
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