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AHORA CRISTÓBAL LÓPEZ BUSCA QUE LA CORTE SAQUE SU CASO DE LA JUSTICIA FEDERAL PDF Imprimir E-Mail
miércoles, 06 de diciembre de 2017

AHORA CRISTÓBAL LÓPEZ BUSCA QUE LA CORTE SAQUE SU CASO DE LA JUSTICIA FEDERAL

Con pocas cartas en su mazo, el empresario K busca revertir la decisión de la Cámara de Casación, que consideró la evasión como un hecho de corrupción y no un delito tributario.

LUCÍA SALINAS - DIARIO CLARÍN

 

Cristóbal López juega sus últimas cartas en la Justicia federal. Su abogado Carlos Beraldi busca revertir la decisión de la Cámara de Casación, que ordenó que la causa por la deuda de 8.000 millones de pesos con la AFIP sea investigada como un hecho de corrupción y no un delito tributario. El empresario K quiere que el caso regrese al fuero penal tributario, y presentó un recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema de Justicia, mientras analiza apelar el rechazo al levantamiento de la inhibición de bienes que necesita el empresario K para vender el Grupo Indalo.

 

Con prácticamente todas las puertas cerradas para avanzar en el plan de venta que busca concretar con OP Investments, después de que el juez Ercolini rechazó levantar la inhibición de bienes ordenada sobre el grupo, López insiste con un camino que ya le resultó infructuoso.

 

Ayer, Beraldi presentó un recurso extraordinario, para apelarla decisión de la Cámara de Casación. Resta esperar si los camaristas dan lugar al reclamo, lo que lleva un tiempo. Si la respuesta es negativa, la defensa de López podría ir igual a la Corte "en queja". A su vez, el máximo tribunal también podría rechazar el tratamiento del pedido, lo que dejaría firme la decisión de la Casación que mandó a Cristóbal López a la justicia federal.

 

Un detalle: hace dos semanas, la Corte declaró nulo el primer concurso de acreedores de Oil Combustibles SA, la empresa que generó la deuda millonaria con la AFIP. El máximo tribunal consideró que esa tramitación era “fraudulenta” por consignar un domicilio ficticio, ya que López buscó tramitar el concurso en Chubut cuando la firma no había realizado el cambio de domicilio.

 

El empresario K insiste en que la investigación quede radicada en el fuero penal tributario, esperanzado que allí pueda acceder a la moratoria fiscal de la cual en marzo hizo reserva por 500.000 pesos. Su meta sería enmarcar en un gran plan de pagos las deudas de todo el Grupo, sin individualizarlas, algo con lo que el fisco no está de acuerdo: quiere cobrarle al dueño del Grupo Indalo "todo el dinero que era del Estado y en vez de pagar usó para financiarse".

 

Si prevaleciera este criterio, López debería hacer frente a la deuda de su firma Oil Combustibles, que según los cálculos oficiales ya no es de 8.000 millones de pesos sino de más de 10.000 millones. De lo contrario, “no pagaría el total de la deuda, sino hasta un 30% menos, sólo pagaría el capital porque la moratoria otorga quitas”, señalaron fuentes oficiales a Clarín.

 

Los dos jueces de Cámara de Casación que decidieron que la causa por defraudación al Estado debía seguir en manos del juez Julián Ercolini -Eduardo Riggi y Liliana Catucci- señalaron que enviar la causa al fuero Penal Económico, "conllevaría la impunidad de graves hechos de corrupción administrativa , violación al debido proceso legal y la arbitrariedad del pronunciamiento".

 

Además, entendieron que existía "conexidad" con la causa por asociación ilícita que lleva el juez Ercolini contra la ex Presidenta vinculada a la corrupción en la obra pública, y que "todos los legajos conexos vienen tramitando ante el fuero federal". Es decir, plantearon que la deuda de Oil Combustibles con la AFIP debía investigarse como un hecho de corrupción.

 

Ahora quedará esperar si el recurso extraordinario se abre. Mientras, López y De Sousa tiene otro frente judicial para resolver: el juez en lo comercial Hugo Vitale que rechazó la apertura del concurso de acreedores de la firma petrolera, consideró que los dueños de Indalo, “trataron de inducirlo al engaño” ya que la instancia concursal al que se presentó la empresa “no es más que el instrumento procesal de un fraude con cobertura legal”. ​

 
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