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SOBRE LA LIBERTAD RELIGIOSA Y UNA RECIENTE DECLARACION CONJUNTA - por Jorge H. Sarmiento García PDF Imprimir E-Mail
miércoles, 21 de marzo de 2007
La Delegación de la Comisión de la Santa Sede para las Relaciones Religiosas con los Judíos y la Delegación para las Relaciones con la Iglesia católica del Gran Rabinado de Jerusalén, acaban de efectuar un llamamiento a la defensa de la libertad religiosa.

Como cristianos católicos creemos -si­guiendo al Concilio Vaticano II en su "Declaración sobre la libertad religiosa"- que Dios ha revelado a los hombres la vía de la salvación, que la única verdadera religión se halla en la Igle­sia Católica, Apostólica, Romana (subrayando que ésta "Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que, aunque discrepan en muchos puntos de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella Verdad que ilumina a todos los hombres"), pero también "que la verdad no se impone de otra manera que por la fuerza de la misma verdad, que penetra suave y a la vez fuerte­mente en las almas"; y ha sido siempre doc­trina de la Iglesia que nadie debe ser forza­do a abrazar la fe: Cristo, Cabeza de la Iglesia, invitó, persuadió, pero jamás coac­cionó, "Aunque en la vida del Pueblo de Dios, peregrino a través de los avatares de la his­toria humana, se ha dado a veces un comporta­miento menos conforme con el espíritu evangé­lico, o incluso contrario a él".

 

La afirmación de que nadie puede ser forzado a abrazar la fe nos lleva necesaria­mente a la consideración de la denominada libertad religiosa, la cual comprende dos aspectos: el que radica en el fuero íntimo, o libertad de conciencia o de creencias, y el que se exterioriza, llamado libertad de cul­to. Por libertad de conciencia debe enten­derse que el poder público o la ley humana no tienen derecho para obligar a esta o aquella creencia religiosa, porque el fuero puramente interno de la conciencia no está sujeto a legislación humana. La libertad de culto, que radica en la exteriorización de la creencia, como puede afectar el orden social es suscep­tible de limitaciones por el poder público. Sobre estas cuestiones, el Concilio afirma la inmunidad frente a la coacción ci­vil y sostiene que "el ejercicio de la reli­gión, por su propia índole, consiste ante todo en los actos internos voluntarios y li­bres, con los que el hombre se ordena direc­tamente a Dios; actos de este género no pue­den ser mandados ni prohibidos por un poder meramente humano. Y la misma naturaleza so­cial del hombre exige que éste manifieste externamente los actos internos de la reli­gión, que se comunique con otros en materia religiosa, que profese su religión de forma comunitaria. Se injuria, pues, a la persona humana y al mismo orden que Dios ha estable­cido para el hombre si se niega a éste el libre ejercicio de la religión en sociedad, siempre que se respete el justo orden públi­co". En definitiva, para el "Sacra Synodus" la libertad religiosa "consiste en que todos los hombres deben estar inmunes de coacción, tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y ello de tal manera, que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar con­tra su conciencia ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos", destacando que "La libertad o inmu­nidad de coacción en materia religiosa que compete a las personas individualmente consi­deradas, debe serles reconocida también cuan­do actúan en común. Porque las comunidades religiosas son exigidas por la naturaleza social del hombre y de la misma religión" y agregan­do -al referirse a la libertad religiosa de la familia- que los padres tienen el derecho de educar a sus hijos según sus propias con­vicciones religiosas, de elegir las escuelas y los demás medios educativos que respondan a su fe.

 

El Concilio, luego de dejar sentado que la protección del derecho a la libertad religiosa "concierne tanto a los ciudadanos como a los grupos sociales, a los poderes civiles como a la Iglesia y otras comunidades religiosas, de manera propia a cada uno de ellos, conforme a su obligación respecto del bien común", puntualiza las obligaciones estatales al respecto en la si­guiente forma: "El poder público debe, pues, asumir eficaz­mente la protección de la libertad religiosa de todos los ciudadanos por medio de justas leyes y otros medios adecuados y crear condi­ciones propicias para el fomento de la vida religiosa a fin de que los ciudadanos puedan realmente ejercer los derechos de la religión y cumplir los deberes de la misma...", agre­gando que esta libertad debe subsistir inclu­so en el caso de que por particulares cir­cunstancias sea atribuida una especial posi­ción civil a una determinada comunidad reli­giosa, no siendo lícito al Estado imponer la profesión o la negación de un determinado credo religioso ni hacer discriminaciones por razones de fe religiosa.

 

Lo que antecede viene a cuento porque, recientemente, la Delegación de la Comisión de la Santa Sede para las Relaciones Religiosas con los Judíos y la Delegación para las Relaciones con la Iglesia católica del Gran Rabinado de Jerusalén, acaban de efectuar un llamamiento a la defensa de la libertad religiosa. 

 

«La libertad religiosa y de conciencia y sus límites» fue precisamente el argumento del encuentro celebrado en Jerusalén del 11 al 13 de marzo, presidido por el cardenal argentino Jorge María Mejía, y por el rabino jefe Shear Yashuv Cohen.

 

«La capacidad humana para elegir es una manifestación de la imagen divina, según la cual todas las personas han sido creadas, y el fundamento del concepto bíblico de la responsabilidad humana y de la justicia divina… La libertad de elección se deriva de Dios y por este motivo no es absoluta, debe reflejar la voluntad y la ley divinas… De este modo, los seres humanos están llamados a obedecer libremente a la voluntad divina tal y como se manifiesta en la Creación y en su Palabra revelada».

 

Añade la declaración que «la idea del relativismo moral está en contra de esta visión religiosa del mundo y constituye una seria amenaza para la humanidad» y que «Si bien la Ilustración propició una purificación del abuso de la religión, la sociedad secular sigue necesitando fundamentos religiosos para justificar valores morales duraderos».

 

«Entre estos principios –agrega-, tiene una importancia decisiva el carácter sagrado de la vida humana y su dignidad. El monoteísmo ético afirma que se trata de derechos humanos inviolables”.

 

Adiciona que «Si bien el Estado, en virtud de este principio, no debe limitar la libertad religiosa de individuos y comunidades, ni la libertad de conciencia, sin embargo, tiene la responsabilidad de garantizar el bienestar y la seguridad de la sociedad. Por este motivo, tiene la obligación de intervenir donde y cuando se dé una amenaza a través de la promoción, la enseñanza o el ejercicio de la violencia, y específicamente del terrorismo y la manipulación psicológica, en nombre de la religión».

 

Consigna que «Es legítimo el que una sociedad con una identidad religiosa predominante pueda preservar su carácter, a condición de que esto no limite la libertad de las comunidades minoritarias y de los individuos a profesar un compromiso religioso alternativo, ni la integridad de sus derechos civiles», como también que «A lo largo de la historia, las comunidades religiosas no han sido siempre fieles a estos valores. Por este motivo, los líderes religiosos tienen una especial obligación de prevenir el uso inapropiado de la religión y de educar en el respeto de la diversidad, que es esencial para asegurar una sociedad sana, estable y pacífica”, y que «En este sentido, tienen un papel especial las familias, las escuelas y las autoridades del estado y de la sociedad, así como los medios de comunicación, para transmitir estos valores a las futuras generaciones». 

 

Concluye la declaración de la Comisión exhortando a los líderes religiosos y políticos para que trabajen «con determinación por la promoción de la paz, de la dignidad, de la seguridad y de la tranquilidad en Tierra Santa, a favor de sus pueblos y del mundo en su conjunto».
 
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