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UN GRAVE Y PELIGROSO FRACASO PROVINCIAL - por Jorge H. Sarmiento García PDF Imprimir E-Mail
martes, 20 de marzo de 2007

1) La noticia:

El Gobierno nacional y las autoridades mendocinas avanzaron en las últimas horas en dos aspectos vinculados con la solución de la crisis carcelaria provincial: por un lado, acordaron la designación de los agentes penitenciarios federales que en unos diez días se harán cargo del penal de Boulogne Sur Mer, el más conflictivo de Mendoza... El subsecretario de Justicia, Gustavo Castiñeira de Dios, explicó que el nombramiento de los agentes federales no implica una intervención del sistema penitenciario local, sino una profundización de la colaboración entre la Nación y la Provincia. Aunque admitió que los agentes federales tomarán por tres meses el control de Boulogne Sur Mer, el penal con más problemas de Mendoza.

LOS ANDES, del 20 de marzo

2) El comentario:

La noticia en trato puede causar profunda pena y hasta indignación, en primer lugar, porque implicaría reconocer la ineptitud de las autoridades competentes provinciales para el cumplimiento de uno de los cometidos existenciales del Estado mendocino, con las eventuales consecuencias dañosas que de ello pueden derivar...

 

Y resulta harto conveniente parafrasear aquí algunos conceptos de Rafael Bielsa, el maestro, cuando sustancialmente enseñaba:

 

-  Que vigorizar los conceptos de federalismo, de autonomía y de Estados interiores, practicando el sistema, es necesario para la salud política y cívica de la República.

 

-  Que es preciso poner freno al centralismo, provocado muchas veces en la historia de nuestro país más por la entrega, sometimiento o sumisión de los gobiernos provinciales que por la acción del poder central.

 

- Que la cooperación nunca autoriza la intromisión.

 

- Que cuando se pide cooperación, se hace en ejercicio de la propia autoridad, aunque la práctica de claudicación de gobernantes locales ha llevado a lo contrario, en pugna con el sistema constitucional. 

 

-  Que aquí estaríamos frente a una intervención ejecutiva -pues ésta admite grados- de la Nación en un establecimiento de seguridad provincial.

 

Y, finalmente, que seguiría faltándonos educación jurídica, si es verdadero que en general se prefiere el progreso económico al progreso político y cívico, lo que invariablemente conduce a males que terminan deteniendo tanto el progreso como la libertad.
 
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