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LA DEMOCRACIA “EN” LOS PARTIDOS - por Jorge H. Sarmiento García PDF Imprimir E-Mail
lunes, 19 de marzo de 2007

1) La noticia

Para las próximas elecciones, por ejemplo, la mayoría de los candidatos -oficialistas y opositores- no surgirán de partidos políticos, sino de "espacios" a los que no es posible afiliarse, ni mucho menos participar de elecciones internas...

NÉSTOR O. SCIBONA - LA NACIÓN (Suplemento Electrónico de La revista del Foro, del 19 de Marzo).

2) El comentario:

 

Hemos escrito antes de ahora que las relaciones entre el Estado y los partidos han evolucionado desde el Estado liberal del siglo XIX, en el que el legis­lador prefirió ignorarlos, considerándolos como simples agrupaciones regladas por la legislación común de las asociaciones, pues "la importancia creciente de los partidos, convertidos en las piezas fundamentales de las modernas democracias, no pudo pasar desa­percibida al legislador, que se vio forzado a tener en cuenta su actividad en las leyes electorales, en los Reglamentos parlamenta­rios y, finalmente, en las propias constitu­ciones" (Xifra Heras), como la italiana de 1947, cuyo artículo 49 establece que todos los ciudadanos "tienen derecho de asociarse libremente en partidos para concurrir con método democrático a determinar la política nacional".

 

Ahora bien, la legislación de los parti­dos se traduce en una cierta regulación. Dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Partido Obrero" (1962): "...los partidos políticos, cuya existencia y plu­ralidad sustenta el art. 1º de la Constitución, condicionan los aspectos más íntimos de la vida política nacional e, incluso, de la acción de los poderes gubernamentales... De lo que los partidos sean depende en gran medida lo que ha de ser, en los hechos, la democracia del país en que actúan. Al reglamentarlos, pues, el Es­tado democrático cuida una de las piezas principales y más sensi­bles de su complejo mecanismo vital". y la determinación de aquellos aspec­tos sobre los cuales la regulación debe ver­sar ha dado lugar a los siguientes sistemas de control: 

 

a) Exterior, el cual se limita a esta­blecer sanciones penales y administrativas para castigar las actividades externas del partido susceptibles de atacar al orden o la seguridad públicos (propaganda subversiva, acción revolucionaria, etc.), sin intervenir para nada en las normas estatutarias ni en los principios ideológicos del partido.

 

En un principio se pensó que bastaba este tipo de control, habiendo escrito Bisca­retti que la experiencia ha demostrado la escasa eficacia de este medio meramente re­presivo, que ha posibilitado que asuman por vías legales el poder partidos que, luego, han realizado discrecionalmente programas antidemocráticos. Se explica, entonces, que la Ley Fundamental de Bonn expresara, en su art. 21, que "los partidos colaboran en la formación de la vo­luntad política del pueblo. Su creación es libre. Su organización interna debe responder a los principios democráticos. Los partidos deben dar cuenta públicamente de la procedencia de sus recursos. Los partidos que por sus fines o por la actitud de sus adherentes tiendan a desvirtuar o destruir el régimen fundamental de libertad y democracia, o a poner en peligro la existencia de la república federal, son inconstitucionales".

 

b) Ideológico-programático, el cual pre­su­pone que el Estado abraza una doctrina y la defiende, teniendo este control por objeto asegurar la compatibilidad entre esa doctrina y la del partido.

 

Así, por ejemplo, y según sea la doctri­na que informa el ordenamiento fundamental del Estado, se prohíben los partidos que se oponen a los principios democráticos, los monárquicos, los comunistas, los internacio­nales, etc.

 

Por cierto que, como apunta Legón, este control supone un registro de los partidos y un necesario "nihil obstat" estatal para su funcionamiento, siendo por tanto preventivo y no meramente represivo como el anterior.

 

c) Funcional, el cual regula la institu­cionalidad interna del partido, imponiendo v. gr. la estructura representativa de sus órga­nos, estableciendo la limitación de sus acti­vidades económicas y financieras, etc.

 

Se ha entendido que éste es el medio para limpiar al partido como instrumento in­dispensable del gobierno representativo, com­batir la corrupción, las influencias ocultas, disminuir la función de los caudillos y oli­garquías partidarias; pero recordamos que "ninguna regulación jurídica por sí sola y al margen de hábitos sanos, virtudes probadas y de una fundamental prudencia política asegu­rará la rectitud de procederes. Pero los há­bitos, las virtudes y en especial la pruden­cia, no resultan de leyes, que pueden preser­varlos o favorecerlos, pero no hacerlos bro­tar" (Legón).

 

¡Ah!, y el artículo 38 de la Constitución Nacional establece que: “Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos…”.
 
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