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INVERSIONES, SEGURIDAD JURÍDICA ... Y MÁS - por JORGE H. SARMIENTO GARCÍA PDF Imprimir E-Mail
miércoles, 14 de marzo de 2007
Sabido es que la seguridad jurídica es crucial a la hora de invertir. Sin reglas y conductas transparentes y permanentes, los flujos de comercio e inversión se tornan más riesgosos.

Sabido es que la seguridad jurídica es crucial a la hora de invertir. Sin reglas y conductas transparentes y permanentes, los flujos de comercio e inversión se tornan más riesgosos. Desde la óptica privada, todo acto gubernamental en relación a esas reglas debe ser previsible y estable, pues los países están obligados a cumplir con sus compromisos de política económica internacional. 

 

Para construir elevados niveles de confianza, particularmente en quienes son tomadores de decisiones de inversión, resulta fundamental el rol de la seguridad jurídica, a la que nos referimos de inmediato.

 

Siempre señalamos que el mundo jurídico, el derecho, tiene una composición tridimensional: en él nos enfrentamos con tres órdenes íntimamente vinculados entre sí, pero diferenciables unos de otros: el orden de conductas, el orden normativo y el de la justicia o derecho natural.

 

Esos tres órdenes o ámbitos no se dan como tres objetos yuxtapuestos, sino que, por el contrario, son tres aspectos esencialmente entrelazados de modo recíproco. Efectivamente, se advierte que las normas, creadas por los hombres, se gestan en ciertos hechos y quieren regular ciertas conductas sociales, a la vez que implican el propósito de realizar la justicia, propósito que podrá o no tener éxito, o tenerlo en mayor o menor proporción.

 

El derecho, pues, es “hecho, norma y justicia”, indisolublemente unidos entre sí en relación de esencial implicación, habiéndose destacado correctamente que toda posición que deje de lado alguno de esos tres ámbitos es sin duda parcial y defectuosa, pues mutila una totalidad en la que todos esos ingredientes están íntimamente interpenetrados; el derecho, el mundo jurídico, abarca lo que dicen las normas, lo que se hace en la realidad existencial y los criterios de justicia.

 

Ahora bien, es evidente que toda comunidad política presenta irregularidades que el derecho positivo u orden normativo no puede subsanar, siendo que la aspiración es a aguardarlo todo de la normatividad, mas ésta no es más que un “propio” del orden político - conjuntamente con el poder y el gobierno-, un factor indispensable para instaurarlo y mantenerlo, lo que no siempre se logra.

Cuando el orden político está en la realidad existencial, en el mundo de las conductas, estropeado por el relativismo moral, la corrupción, la injusticia, el autoritarismo, etc., el derecho positivo puede coadyuvar a restaurarlo, pero por sí solo no basta. Ello así, porque es menester que las conductas arraiguen en los principios del orden natural, que los valores sean vividos en la realidad existencial.

 

En esos casos de estropicio, se descree de las normas y de los principios en que se fundan, y también de quienes ejercen el poder político (los gobernantes, en cualquiera de los tres clásicos poderes del Estado).

 

Esa ausencia de confianza generalizada disminuye la seguridad jurídica, desconfiándose de los marcos o contextos dentro de los cuales se toman las decisiones individuales y se llevan a cabo las interferencias de conductas en la “civitas”.

 

La seguridad jurídica exige el reconocimiento de una moral objetiva y trascendente,  de la dignidad de la persona humana y de la participación de la comunidad en el ejercicio del poder político, pero también de la supremacía de la Constitución del Estado y de la doctrina de la “división de poderes”. 

En suma, los componentes fundamentales de la seguridad jurídica son, en primer término, la seguridad física de las personas y la efectiva vigencia de un sistema normativo coherente y sin fisuras, necesitando, además, el funcionamiento de un Poder Judicial  transparente y una estructura  y un contexto general de completa estabilidad, con particular énfasis en el rol fundamental que le cabe al orden institucional, tanto en el ámbito público como en el sector privado. La seguridad jurídica no aparece en una sociedad transgresora, inmoral o amoral, siendo en verdad un concepto que se proyecta mucho más allá del plano puramente económico, pues apunta al desarrollo integral y sustentable de una sociedad. 

 

Así las cosas, concluimos esta nota citando a S. S. Pio XII, quien en el radiomensaje “Com sempre”, decía: “Para que la vida social, según Dios la quiere, obtenga su fin, es esencial un ordenamiento jurídico que le sirva de apoyo externo, de defensa y de protección, ordenamiento cuya misión no es dominar, sino servir, tender al desarrollo y crecimiento de la vitalidad de la sociedad en la rica multiplicidad de sus fines, conduciendo hacia su perfeccionamiento a todas y cada una de las energías en pacifica cooperación y defendiéndolas, con medios apropiados y honestos, contra todo lo que es dañoso a su pleno desarrollo. Este ordenamiento, para garantizar el equilibrio, la seguridad y la armonía de la sociedad, posee también el poder de coacción contra aquellos que sólo por esta vía pueden ser mantenidos dentro de la noble disciplina de la vida social… Del ordenamiento jurídico querido por Dios deriva el inalienable derecho del hambre a la seguridad jurídica, y con ello a una esfera concreta de derecho, protegida contra todo ataque arbitrario… La relación entre hombre y hombre, del individuo con la sociedad, con la autoridad, con los deberes sociales, la relación de la sociedad y de la autoridad con cada uno de los individuos, deben cimentarse sobre un claro fundamento jurídico y estar protegidas, si hay necesidad, por la autoridad judicial. Esto supone: … a) Un tribunal y un juez que reciban sus normas directivas de un derecho claramente formulado y circunscrito... b) Normas jurídicas claras, que no puedan ser tergiversadas con abusivas apelaciones a un supuesto sentimiento popular y con meras razones de utilidad ... c) El reconocimiento del principio que afirma que también el Estado y sus funcionarios y las organizaciones de él dependientes están obligados a la reparación y a la revocación de las medidas lesivas de la libertad, de la propiedad, del honor, del mejoramiento y de la vida de los individuos”.
 
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