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LAS CRISIS, LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LOS USUARIOS - Por Jorge Sarmiento García PDF Imprimir E-Mail
jueves, 15 de febrero de 2007

Enseña Gaspar Ariño Ortiz que, por lo que se refiere a los usuarios, se debe distinguir situaciones de normalidad y situaciones de crisis; y si normalmente la seguridad para los usuarios se centra sobre la disponibilidad de la prestación, la calidad del servicio y su accesibilidad, se pregunta cómo aportar seguridad jurídica en estos elementos.

Llama “servicio universal” a la prestación que está permanentemente disponible para todos a un precio asequible, agregando que aquél es un concepto:

 

a) de mínimos, porque no se pueden universalizar prestaciones “de máximos”, salvo que el máximo coincida con el mínimo, como ocurre, por ejemplo, en muchos países en el campo de la salud, en los que las prestaciones son en principio las mismas para todos, y

 

b) evolutivo, porque lo que hoy puede ser inalcanzable para la generalidad, mañana puede dejar de serlo (y así, el abastecimiento domiciliario de agua potable a todos los hogares del casco urbano no se consiguió hasta bien entrado el siglo XX). 

 

Ahora bien, el servicio universal (agua, electricidad, etc.) no puede diseñarse de tal modo que se descapitalice la empresa con costos excesivos que pongan en peligro el servicio para los usuarios futuros: sería ilógico que un servicio universalizado deje de estarlo dentro de unos años, salvo que haya aparecido una tecnología sustitutiva.

 

Anota que la descapitalización de un servicio no se da de repente, pero es real y se produce cuando una insuficiencia tarifaria prolongada impide la renovación de equipos o su buen mantenimiento; los “apagones eléctricos” suelen ser un ejemplo de descapitalización provocada por la falta de inversión en redes, como también cuando se producen accidentes ferroviarios, consecuencia casi siempre de detener las inversiones e “ir tirando” con lo que hay.

 

Por ello es esencial que los servicios universales (y en general las tarifas “sociales”, subvencionadas) se limiten a lo estrictamente necesario y que, como regla general, en tiempos normales se paguen regularmente, se cubran con ellas los costos (incluido un normal beneficio industrial), las instalaciones se renueven y no haya ni grandes esperas por el servicio, ni grandes oscilaciones en la economía de la empresa gestora. Es obvio que siempre podrá haber un pequeño porcentaje de morosos (que se afronta con medidas tales como el corte del suministro y el juicio de apremio); mas esta y otras incidencias forman parte de la normalidad del servicio y no afectan ni a la seguridad jurídica de los usuarios ni a la confiabilidad del servicio. 

 

Ahora bien, los servicios públicos pueden pasar por dos tipos de crisis:

 

a) Ordinarias, que si bien tienen un impacto importante sobre el servicio, no destruyen su entorno, como las “crisis del petróleo" de 1973 y 1979. De ellas pueden derivar suspensiones de pagos, quiebras, fusiones o absorciones de empresas. Requieren medidas específicas para algunos servicios esenciales, sistemas de racionamiento o similares, pero no afectan a la estructura del sistema. Suele darse prioridad al mantenimiento del servicio respecto a cualesquiera derechos de terceros (acreedores o titulares de derechos reales sobre los bienes afectos), como ocurrió con la exención  de las compañías de ferrocarriles (y, por extensión, de las empresas de obras y servicios en general) del régimen general de quiebras,  promulgada en muchos países en el siglo XIX con el fin de que sus componentes esenciales (propiedades, maquinaria, equipamiento, acopios, etc.) no pudieran ser embargados y detraídos del servicio. 

 

b) Extraordinarias, caracterizadas por la pérdida de parámetros de referencia sólidos en los que anclar la economía del servicio (como la crisis argentina de 2001), que  suelen llevar a que el Estado se involucre directamente en determinadas actividades, bien a través de nacionalizaciones, bien mediante la adopción de medidas excepcionales de intervención sobre los mercados: congelaciones de precios y tarifas, medidas monetarias, renegociación de las concesiones.

 

Es importante no confundir “renegociar” con “renacionalizar”. La renegociación tiene que hacerse compatible con la seguridad jurídica de la concesión y esto significa que debe mantenerse su equilibrio financiero, si bien adaptado a la crisis: con nuevos plazos, con menores derechos y menores obligaciones o como resulte más conveniente, pero manteniéndose el equilibrio concesional. La renegociación no puede suponer una confiscación larvada del capital de las empresas.

 

Y tanto en las crisis ordinarias como en las extraordinarias debe tenderse, no a la nacionalización, sino a la renegociación de las concesiones o a la intervención temporal sobre la empresa y su actividad. La experiencia histórica enseña que la renacionalización no es en modo alguno la solución. Pero en todo caso, si se adoptase este tipo de acciones, deberá hacerse indemnizando al capital -intervenido, incautado, nacionalizado- según los principios de la expropiación forzosa. 

 

Por lo demás, toda crisis es, por definición, temporal; las medidas de crisis no pueden ni deben durar mucho, menos ir más allá de aquélla; se pueden, transitoriamente, aceptar menores ingresos y pérdida de rentas -una pérdida igual a la que sufren los demás habitantes en esos momentos- pero lo que no se puede aceptar es una completa alteración de los principios que rigen la institución concesional y el régimen del servicio público.
 
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