Inicio arrow Columnistas arrow SOBRE LA LIBERTAD DE PRENSA - por Jorge Sarmiento García
MENU
Inicio
Jurisprudencia
Nacionales
Internacionales
Columnistas
Destacado
Enlaces
Contacto


SOBRE LA LIBERTAD DE PRENSA - por Jorge Sarmiento García PDF Imprimir E-Mail
jueves, 07 de diciembre de 2006

     Bien ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la libertad de prensa excluye el ejercicio del poder restrictivo de la censura previa, pero de manera alguna exime de responsabilidad al abuso y al delito en que se incurra por ese medio.

También, que el especial reconocimiento constitucional de que goza la libertad de buscar, dar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, no elimina la responsabilidad ante la justicia por los delitos y daños cometidos en su ejercicio, habida cuenta de que no existe el propósito de asegurar la impunidad de la prensa.

 

La libertad de prensa, entonces, requiere que no haya censura previa o presión de ninguna índole sobre los medios de difusión; no obstante, éstos no quedan liberados de responsabilidad, Aa posteriori@, por los daños causados injustamente (art. 13,  inc. 2, Pacto de San José de Costa Rica).

 

Son muchos los que piensan que en orden a la responsabilidad patrimonial por la difusión de noticias, nuestro modelo es civilístico, pues aquí solamente puede condenarse al medio, en la situación de dolo o de culpa del informante.

 

Ahora bien, en seguimiento de la doctrina "Campillay" del máximo Tribunal de la República, si se ha empleado una fuente de información sin verificación cabal de la verdad, mas expresándose las noticias de modo potencial, no afirmando, sino dejando sentada la posibilidad de lo ocurrido, la señalada utilización de verbos en modo potencial alcanza para descartar la responsabilidad civil de la demandada; más precisamente, el diario o propagador de la noticia debe utilizar un tiempo de verbo potencial o guardar o dejar en reserva la identidad de los posibles implicados, constituyendo éstas opciones o alternativas, no exigiéndose la concurrencia o sumatoria de ambas sino de sólo una de ellas.

 

El derecho de integridad moral y el honor de las personas no supone, entonces, condicionar el derecho de informar por la prensa a la verificación en cada supuesto de la plena exactitud de la noticia, máxime cuando se trata de cuestiones de evidente interés público como la posible comisión de un delito de malversación de caudales públicos, siendo que el derecho de información sobre tales eventos está garantizado por los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, no debiendo desconocerse la presunción de legitimidad que beneficia a la prensa cuando cumple con la función de difundir en la comunidad toda noticia relacionada con la moralidad pública (en el ejemplo anterior), y cuando la difusión se hace empleando los modos puntualizados “supra”.

 

Y en cuanto a la “doctrina de la real malicia”, creación pretoriana de la Corte federal de los Estados Unidos de América del Norte y a veces aplicada entre nosotros en el caso de funcionarios o figuras públicas, requeriría (pues entendemos que aun no está aquí plenamente aceptada ni claramente configurada) en casos de acusados penalmente o demandados civilmente por daños y perjuicios causados por informaciones falsas, poner a cargo de los querellantes o demandantes, según el caso,  la prueba de que las informaciones falsas lo fueron "con conocimiento de que eran falsas o con imprudente y notoria despreocupación sobre si eran o no falsas", debiendo entonces el actor demostrar la falsedad de la noticia, el dolo o la inexcusable negligencia de la prensa.

 

Recordamos que en el caso “Roviralta v. Editorial Tres Puntos”, sentencia del 30/04/04, la mayoría de la Corte Nacional no analizó si en el caso la doctrina de la “real malicia” era aplicable, ni se expidió sobre si el medio respetó la “doctrina Campillay”, mas sostuvo que tales doctrinas forman parte del orden jurídico de nuestro país y que el tribunal inferior no podía válidamente omitir su consideración.

 

Mas cualquiera sea el criterio que se acepte, concluimos con palabras de Pedro López Matheu: "La vigencia efectiva de la libertad de prensa hace a la salud de los regímenes democráticos. Su afectación, por el modo que fuere, implica el deterioro de la calidad institucional del país. La Argentina ha luchado durante mucho tiempo para recuperar sus instituciones y la libertad de prensa y de expresión es una de ellas. Desde este rol de defensores de esta libertad que no es sólo de la prensa, sino de todos los argentinos, renovamos nuestro compromiso para lograr una sociedad más y mejor informada, solo así tendremos un país plenamente libre y soberano. Así lo sostenemos y hemos sostenido a través de los tiempos, sobrellevando circunstancias cambiantes y a veces dramáticas, en la convicción de que la plena vigencia de las instituciones políticas y sociales constituye la única garantía contra la arbitrariedad y el despotismo que han oscurecido largos períodos de la vida argentina".

 
< Anterior   Siguiente >
design by 5medien
© 2018
Joomla! es Software Libre distribuido bajo licencia GNU/GPL.