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LOS DERECHOS DE LOS PADRES - por Oscar Denis León PDF Imprimir E-Mail
miércoles, 29 de noviembre de 2006

Por el art. 1º de la ley 25.673, se crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en el ámbito del Ministerio de Salud, programa que está destinado a la población en general, sin discriminación alguna (art.3).

Por el art. 1º de la ley 25.673, se crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en el ámbito del Ministerio de Salud, programa que está destinado a la población en general, sin discriminación alguna (art.3). Entre sus objetivos declarados está, entre otros, el de prevenir embarazos no deseados, garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable (art.2 incs. c) y f)); Contribuir a la capacitación , perfeccionamiento y actualización de conocimientos básicos, vinculados a la salud sexual y a la procreación responsable (art.5º inc.b); prescribir y  suministrar los métodos y elementos anticonceptivos(art.6º inc.b)) 

 

Por otro lado, la ley de educación sexual, de reciente sanción, si bien no especifica los contenidos y  formas de implementación del plan de enseñanza, lo cierto es que ya, su aplicación  presenta sus primeras objeciones, al menos en el ámbito provincial. Con motivo de la sanción de la ley, la Subsecretaria de Planificación y Promoción  de la Salud de Mendoza, Claudia García  manifestaba a diario UNO del día 10 de Octubre del corriente, pág.3: “Nosotros desde la perspectiva de la salud, consideramos imprescindible enseñarles métodos anticonceptivos a los alumnos. Es un tema fundamental no sólo para prevenir el creciente número de embarazos adolescentes, sino también para que los jóvenes aprendan a protegerse de las enfermedades de transmisión sexual. Es básico, por ejemplo indicar y explicar el uso del preservativo...” 

 

La objeción está referida a la indebida injerencia de los órganos públicos en cuestiones de asesoramiento y provisión de elementos anticonceptivos, a los jóvenes menores de edad, que  cursan estudios o que concurren a la consulta médica. Tratándose de menores de 18 años, la República Argentina, al aprobar la Convención de los Derechos de Niño, formuló la siguiente reserva:  “La República Argentina, considerando que  las cuestiones vinculadas con la planificación familiar atañen a  los padres de manera indelegable de acuerdo a  principios éticos y morales, interpreta que es obligación de los Estados, en el marco de este artículo, adoptar las medidas apropiadas para la orientación a los padres y la educación para la paternidad responsable ” (art 2º 23.849 y 75 inc.22 C.N ) Como se ve, es clarísima la posición de la República Argentina en lo referente al respeto por el derecho de los padres en forma excluyente, a la educación de sus hijos en materia tan delicada e íntima como es la esfera de la sexualidad, como así también sobre los aspectos éticos que hacen a una paternidad responsable. 

 

En la ley, si bien se declama el respeto por las creencias, en los hechos no se da ninguna intervención a los padres de los menores, en el ámbito de los establecimientos educativos, o de las consultas médicas que por su cuenta quieran hacer los menores para evitar embarazos no deseados, utilizar métodos o elementos anticonceptivos etc.. ignorando la Convención de los derechos del Niño.

 

Lo que se tiene más a la mano, y por lo general es de lo que echa mano quien tiene a su cargo conducir los destinos de una comunidad, coincide con lo más fácil en cuanto a la eficacia (según ellos), y este juicio sobre la utilidad es el que prima en la decisión a tomar, juicio que es premoral, es decir, anterior al juicio moral sobre el asunto. Si esta solución es útil vamos adelante y gastemos los recursos que sean necesarios para llevar esta política adelante. Cuando se  piensa de esta manera lo que en realidad se pretende  es establecer un estado de cosas mejor al que existiría de no tomarse las medidas aludidas. En realidad se está remplazando la providencia divina por la providencia humana, pero transgrediendo exigencias éticas que tienen cómo único fundamento la racionalidad del hombre creado así por Dios.  La exigencia ética está enraizada en la verdad moral cristiana según la cual,  la relación sexual, dentro del matrimonio  tiene una significación unitaria, es decir, de la satisfacción sexual recíproca en la pareja y el fin de no cerrarse a la llegada de un ser a la vida, como elección.

 

Ahora bien, lo que así pensamos y tratamos de inculcar estos valores en nuestros hijos tenemos un serio temor de que se esté invadiendo actualmente este derecho indelegable de los padres. 

 

Yo entiendo que aquí se da una suerte de paternalismo al revés:  este paternalismo está referido, a diferencia del que comúnmente se habla para denominar a la intromisión del estado en los asuntos sobre moral privada, al que ejerce el Estado sobre las vidas de los individuos y de las comunidades como la familia, con el fin de, aún con las mejores intenciones, cuidar la salud pública o, lo que es peor, evitar que los jóvenes pueden esquivar los embarazos no deseados, como fruto de una relación amorosa permanente o transitoria, al “dar clases” de cómo manejarse para disfrutar libremente en materia de sexo sin las posibles malas consecuencias que se derivarían de no tomar las debidas precauciones, aunque tales precauciones sean incompatibles con una conducta moral correcta.

 

Si estas instrucciones se hacen a espaldas de los padres,  verdaderos artífices de formación en valores de su progenie, hay una verdadera ignorancia de los auténticos derechos de aquellos. Sólo quiero señalar el atentado a la intimidad que significa esta conducta estatal, cuando quiere remplazar a los padres en la educación sexual de los hijos y en temas como la planificación familiar.

 

Como dice un gran estudioso americano de nuestro tiempo: ”...Las comunidades valiosas como las familias,  requieren una intimidad significativa si los bienes que ellas realizan para sus miembros, o capacitan a sus miembros para  que los realicen por sí  mismos,  han de ser realizados, ... La interioridad de los individuos y de las comunidades es su intimidad. La identidad y, por lo tanto, la interioridad de las comunidades como la familia son dignas de respeto y de la protección por mor (en atención) a todos los bienes que son realizados en y por tales comunidades, incluyendo el bien de comunidad misma,...”  (Robert P. George, “Para hacer mejores a los hombres –Libertades civiles y moralidad pública”, EIUNSA, Madrid, 2002)

 

El punto es que si en una familia se forma a los hijos en el sentido y fin de la sexualidad humana, según una concepción ética determinada que excluye toda relación sexual fuera o dentro del matrimonio que no esté abierta a una nueva vida, no “debe” el Estado enseñar, asesorar, facilitar medio, a los jóvenes contrarios a aquella concepción de la sexualidad aprendida en el seno de su familia.  ¿ no es esto invadir la intimidad familiar?
 
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