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SOBRE LA REFORMA DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN SEDE JUDICIAL - por Jorge Sarmiento García PDF Imprimir E-Mail
lunes, 27 de noviembre de 2006

     En la causa "SAIPEN S.A.M.I.C. Y F. / PROVINCIA DE MENDOZA", sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Expediente 50693, la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, en voto ampliatorio, dijo que "En la acción procesal administrativa el Tribunal no puede modificar el acto administrativo impugnado, pues para la jurisdicción el acto administrativo es nulo o válido".

Siempre es bueno insistir en que el órgano jurisdiccional, entre nosotros y por la forma en que hemos receptado la mal denominada Adivisión de poderes@, puede en principio sólo anular el acto administrativo ilegítimo, pero no dictarlo, reformarlo o sustituirlo.

 

En efecto, tales órganos pueden y deben en su caso anular un acto ilegítimo; pero si, además, pretenden dictarlo, modificarlo o sustituirlo, ya pasan a ejercer función administrativa bajo apariencia de jurisdiccionalidad, cuando emiten un juicio de valor cuya apreciación específica corresponde al administrador, quien es el que, privativamente, juzga la conveniencia, oportunidad y eficacia, por lo que si la justicia dicta, reforma o sustituye el acto, puede usurpar las atribuciones de la administración relativas al mérito.

 

En consecuencia, la resolución judicial normalmente no podrá sustituir al administrador con respecto a la decisión en sí misma, debiéndose limitar en su caso a reenviarle el caso para que tome una nueva decisión, quizá  reelaborando el proceso de decisión pertinente; y sólo cuando las constancias administrativas resulten tan claras que con ellas, con el mismo material elaborado por la administración, la única conclusión justa sea la que el administrador  no aplicó, podrá el Juez tomar la decisión por sí mismo, ya que de lo contrario habría, nuevamente, sustitución de la administración por parte del juez, lo que es malo tanto para aquélla como para la misma administración de justicia.

 
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