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PARA TREINTA AÑOS DESPUÉS DE MALVINAS - POR JORGE H. SARMIENTO GARCÍA PDF Imprimir E-Mail
lunes, 09 de abril de 2012

      Errores políticos, diplomáticos, estratégicos y tácticos coadyuvaron a nuestra derrota en la batalla de las Islas Malvinas. ¿Pudo ser una victoria? Tal vez. Pero no lo fue. Las batallas se ganan o se pierden, no se merecen. Mas cierto es que sólo se ha perdido una batalla, y que únicamente habrá auténtica paz cuando sean reconocidos  nuestros derechos sobre Malvinas, siendo aquélla “fruto de la justicia”.


 

Errores e incumplimientos del derecho de gentes

Errores políticos, diplomáticos, estratégicos y tácticos coadyuvaron a nuestra derrota en la batalla de las Islas Malvinas. ¿Pudo ser una victoria? Tal vez. Pero no lo fue. Las batallas se ganan o se pierden, no se merecen. Mas cierto es que sólo se ha perdido una batalla, y que únicamente habrá auténtica paz cuando sean reconocidos nuestros derechos sobre Malvinas, siendo aquélla “fruto de la justicia”.

Se nos ha enseñado fundadamente que la acción armada inglesa en las Islas Malvinas estaba prevista para 1982. En efecto, los británicos se iban a desprender de los portaviones “Hermes” e “Invencible”, pero sólo para reemplazarlos por los más modernos “Illustrious” y “Ark Royal”.

Debió admitir el gobierno de facto argentino, por tanto, que Inglaterra era todavía una potencia militar, que mediando ocupación la guerra sería forzosa, contando aquélla con el auxilio norteamericano y de la NATO, que el bloque comunista socialista se abstendría de involucrarse en un hecho ajeno a sus intereses revolucionarios y contrario al deslinde de Yalta, y que algún vecino nuestro intentaría sacar partido de la oportunidad...

Por eso, se equivocaba gruesamente el gobierno militar al suponer una pasividad británica y una ayuda norteamericana. Con una confianza realista o, si se prefiere, con un pesimismo activo, debía emprender los aprestos bélicos para enfrentar el combate, muchas cosas en este ámbito que se pudieron y debieron hacer y que no se hicieron...

Y no se adoptaron medidas adecuadas porque toda la clase dirigente –la militar y también la civil de entonces - pensaba en la paz y no en la guerra. Al respecto escribió el jefe naval de la NATO en 1982, Almirante Harry Train: “Las autoridades argentinas actuaron en la convicción de que estaban envueltas en el manejo de una crisis diplomática. Los británicos lo hicieron en la convicción de que estaban en guerra... Los argentinos admiten que en ningún momento durante la planificación de la invasión de Malvinas ellos pensaron que podían vencer si los británicos decidían pelear por ellas. Infortunadamente este preconcepto prevaleció influyendo en las decisiones y en la capacidad militar argentina a lo largo del conflicto”.

La paz, a su vez, la confiaba la dirigencia argentina a los foros internacionales, fundamentalmente a la ONU, como si de este organismo dependiera íntegra nuestra suerte, siendo que dice en sus memorias Margaret Tatcher: “...sabíamos que teníamos que llevar nuestros asuntos fuera de la ONU en la medida de lo posible... Alexander Haig... acordó con nosotros una línea común... Éste era el momento para concentrarse en una cosa y sólo en una: la victoria”.

A nosotros, que contamos con el derecho, nos deben importar por cierto las decisiones de la ONU, pero sin caer en la superstición racionalista de que el derecho es el único que rige el mundo. Entonces estábamos pendientes de la salida jurídica -diplomática, partiendo del supuesto falso de que la guerra no era forzosa, cuando era imposible negociar con un país en el que un nieto de Churchill, dijo en el Parlamento el 6 de Junio de 1982, que a la Argentina “hay que hundirla en la tierra de la humillación. Hay que desalojarla de las tierras antárticas que le corresponden a Gran Bretaña, como extensión de sus derechos sobre las Falkland y sus dependencias Georgias y Sandwich. Gran Bretaña debe coordinar sus intereses con Chile, para ayudarle a defenderse de las agresiones en la Antártida y Tierra del Fuego”.

La resolución 502 / 82 de la ONU, que censuraba la actitud argentina de ocupación, no autorizaba al Reino Unido para que empleara su fuerza armada a los fines recuperatorios. El acto inglés unilateral fue, pues, ilegal, notoria ilicitud que provenía de querer ejercitar una defensa individual, cuando la que cabía era la colectiva del organismo internacional. Violentando entonces la Carta, Gran Bretaña operó militarmente, sin que la ONU dijera nada porque los E.E.U.U. habían dado su bendición a la expedición británica y sigue ahora siendo cierto que la voluntad norteamericana es ley para la ONU.

Es incuestionable a esta altura que la guerra fue conjunta angloamericana, y que el secretario de Estado Haig no era un tercero que pudiera mediar, sino parte en el conflicto, como lo consignó el embajador británico en USA, sir Nicholas Henderson: la misión de Haig fue una forma de llenar el vacío diplomático entre el envío de la Task Force desde el Reino Unido hasta que estuvo lista para retomar las islas. Inglaterra necesitaba tiempo para compensar la diferencia de espacio con la Argentina, y Haig se lo brindó.

En cuanto a la gestión del presidente del Perú, Fernando Belaúnde Terry, él mismo admitió que la propuesta de paz que tramitó pertenecía al secretario Haig.

Cuando el 5 de Junio el proyecto de Resolución de cese de fuego -presentado en el Consejo de Seguridad de la ONU por España e Irlanda y aprobado con 9 votos y 4 abstenciones- fue vetado por Inglaterra y los E. E. U. U., quedó claro que por la vía diplomática no había arreglo posible, quedando sólo una gestión en este plano que no se hizo por nuestra Cancillería, es decir, la invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de la OEA, blandura que movió a decir al “The New York Times” el 3 de Junio: “lo más notable es lo que no ha ocurrido. No se impusieron sanciones. No se retiraron diplomáticos. Aparte de la Argentina ninguna nación latinoamericana rompió relaciones con Londres... No hubo una corriente de voluntarios para pelear y morir por las Malvinas”.

Dos reflexiones

Es verdad que estudiamos historia porque nos sirve para aprender -en el presente- de nuestros errores, a efectos de no volver a cometerlos en el futuro. Habida cuenta de lo que dejamos dicho, nos permitimos las siguientes reflexiones:

a) Pacíficos, no pacifistas

Sin duda que el recurso de la fuerza debe ser siempre la “ultima ratio” para hacer frente a un problema como el que plantean las Islas Malvinas.

Por cierto que la guerra no puede resultar grata a nadie. Más aún, parece terrible para toda persona que no haya perdido el sentido de la realidad. Sin embargo, es un hecho que existen situaciones que la vuelven inevitable. En el estado actual de naturaleza caída, necesariamente habrá injusticias tales que, a falta de otros medios, el brazo del guerrero se haga imprescindible para restablecer el orden conculcado. Como decía San Agustín, “La guerra se hace para lograr la paz”, que no es la tranquila posesión de la injusticia, sino el orden por la justicia.

Hay que tener claro que el “pacifismo” no impedirá necesariamente -hablando en términos generales- al criminal perpetrar su crimen. Se debe ser realista, tomando a la humanidad como es en concreto. El pacifismo hace el juego a la violencia. Hay una violencia justa, cuya denegación a quienes quieren utilizarla en servicio de la justicia, conduciría a consagrar la primacía de la fuerza erigida en algo absoluto.

b) Reorganizar las fuerzas armadas

Por lo que antecede hasta cierto punto es válido el repetido adagio “si vis pacem para bellum”, pues mientras exista el riesgo de guerra deben prepararse los Estados para ella.

En su virtud, debemos contar con unas eficientes fuerzas armadas. Es menester reorganizar unas fuerzas armadas eficaces después de la derrota en la batalla de las Malvinas, desarrollando su adiestramiento sobre niveles muy elevados y de acuerdo a normas nuevas, a fin de convertir a sus integrantes en excelentes profesionales, tanto en espíritu como en habilidad, siendo la ciencia técnica y la capacidad táctica los principios fundamentales del futuro.

La organización de las fuerzas armadas ha de permitirles el oportuno y eficaz cumplimiento de sus fines, organización que exige imperativamente disciplina, subordinación, jerarquía; y todo aquello que atenta verdaderamente contra esas exigencias ataca directamente a su razón de ser.

Por cierto que tal organización militar no debe obscurecer las diferencias entre “subordinación” y “servilismo” como entre “autoridad” y “tiranía”, acerca de las cuales hay una copiosa bibliografía.

Y no es, entonces, idóneo para la supervivencia de las instituciones democráticas en la comunidad política, comunicar a las organizaciones militares su espíritu civil, requiriéndose en cambio para la supervivencia buscada, inculcar a los integrantes de las fuerzas armadas auténtico espíritu militar, con virtudes que no saben de ambición ni de demagogia, y respeto emocionado a las instituciones de la República.

Malvinas y la Constitución Nacional

Concluimos esta nota haciendo referencia a la primera de las “Disposiciones transitorias” de la Constitución Nacional (reforma de 1994), a tenor de la cual “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional ...”, la que nos merece las siguientes observaciones: a) su inclusión como disposición transitoria debe interpretarse como que tendrá vigencia hasta que se obtenga el “objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino” de recuperar ese ámbito usurpado por la Gran Bretaña; y b) si “soberanía’, en el verdadero sentido de la palabra, significa exclusiva competencia en relación a las cosas y al espacio, según la sustancia y la forma de la actividad, si bien dentro del ámbito del derecho internacional, pero no en la dependencia del ordenamiento jurídico propio de cualquier otro Estado”, este es “el ejercicio pleno de la soberanía” que en forma ininterrumpida debemos continuar exigiendo, ahora también por mandato constitucional, en base a los antecedentes históricos, políticos y jurídicos que nos asisten, abonados por la sangre argentina derramada -muchas veces por jóvenes soldados y al margen, insistimos, de los errores cometidos- en la batalla de 1982.

 
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