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EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO - por JORGE H. SARMIENTO GARCÍA PDF Imprimir E-Mail
viernes, 03 de febrero de 2012

Presenté en la página web de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, un reclamo por el cobro de una tasa por servicios municipales, por ser la misma -en mi entender- un impuesto, que no puede ser establecido por las comunas según la Constitución de la Provincia.


     

Presenté en la página web de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, un reclamo por el cobro de una tasa por servicios municipales, por ser la misma en mi entender un impuesto, que no puede ser establecido por las comunas según la Constitución de la Provincia.

 

Tal reclamo fue receptado por el Centro de Contactos y elevado a la Subsecretaría de Recaudación y Control, para ante la cual me pareció conveniente expresar, respetuosamente por cierto:

 

“Ese Municipio, afortunadamente, emplea en el desarrollo de su actividad administrativa medios electrónicos con el objeto de contribuir a la eficiencia, eficacia, economía, celeridad, participación, etc., en su gestión.

 

Y obviamente, cuando emplea el desarrollo tecnológico, debe actuar con sujeción al derecho, aplicando en su caso, por analogía y supletoriamente, la Ley 3909 de Procedimiento Administrativo; así, en casos como éste, en el que no me he dirigido a la sede física municipal, sino al portal electrónico permanente establecido por la Comuna, él sirve de sede virtual que me permite ejercer mis derechos, pues tengo la posibilidad de elegir entre comunicarme a través de esta vía o de la tradicional.

 

Éste es un procedimiento electrónico, en el que los documentos y las actuaciones no se registran en soporte papel, sino en soporte magnético, por lo que el expediente también es electrónico, siendo la recopilación de los actos, actuaciones y trámites del procedimiento en soporte digital; y destaco especialmente que [“lato sensu”] la “firma electrónica” alude a cualquier método o símbolo basado en medios electrónicos utilizado o adoptado por una parte con la intención actual de vincularse o autenticar un documento, cumpliendo todas o algunas de las funciones de la firma manuscrita.

 

Así las cosas, tengo el derecho que he ejercido de dirigir por la vía electrónica establecida por la Municipalidad, el reclamo contra la supuesta tasa en rigor, impuesto que he abonado bajo protesta, quedando el Municipio obligado a responder o resolver como si la queja la hubiese realizado por el medio tradicional”.

 

Añado en esta nota que mi apreciado amigo venezolano Víctor Hernández Mendible ha recordado que la “Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico”, de Pucón, Chile, del 1 de junio de 2007, aprobada en la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, reconoce enunciativamente los siguientes derechos:

 

1. Dirigir por vía electrónica todo tipo de escritos, recursos, reclamaciones y quejas a los Gobiernos y las Administraciones Públicas, quedando éstos igualmente obligados a responder o resolver como si dichos escritos, reclamaciones o quejas se hubieran realizado por medios tradicionales.

2. Realizar por medios electrónicos todo tipo de pagos, presentar y liquidar impuestos y cualquier otra clase de obligaciones.

3. Recibir por medios electrónicos notificaciones cuando tal medio sea aceptado por el ciudadano o si el ciudadano así lo solicita.

4. Acceder por medios electrónicos a la información administrativa general con igual grado de fidelidad que la que es objeto de anuncio en diarios o boletines oficiales o la que se publica en anuncios oficiales por cualquier medio.

5. Acceder los interesados electrónicamente a los expedientes para conocer el estado en que se encuentra la tramitación de los mismos.

6. Acceder por medios electrónicos a información pública de alto valor agregado que sirva a aumentar la competitividad de los países, lo que supone garantizar estándares consensuados entre los Estados iberoamericanos respecto al modo en que esa información debe ser procesada y difundida con la ayuda de las nuevas tecnologías disponibles.

7. Utilizar y presentar ante el Gobierno o las Administraciones Públicas las resoluciones administrativas en soporte electrónico, así como los documentos administrativos electrónicos en las mismas condiciones que si fueran documentos en papel, así como poder remitirlas por medios electrónicos a la Administración de que se trate.

8. Evitar la presentación reiterada anta la Administración de documentos que ya obren en poder de la misma o de otra, especialmente si son electrónicos, todo ello en el supuesto de que el ciudadano de su consentimiento para la comunicación de tales documentos entre Administraciones y entre distintas dependencias de la misma administración, lo que supone acciones de Interoperatibilidad y Simplificación Registral.

 

Es obvio que lo que antecede presupone la existencia de los medios personales y reales necesarios, como también que lo más conveniente es el pronto dictado donde no existe de una normativa específica para el procedimiento administrativo electrónico.

     
 
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