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LA DELEGACIÓN DE FIRMA - POR JORGE H. SARMIENTO GARCÍA PDF Imprimir E-Mail
miércoles, 01 de febrero de 2012

De entre los asuntos que influyen notablemente en la tramitación de las actuaciones administrativas, está el de la firma. Efectivamente, es común que por auténtica falta de tiempo de los funcionarios (o por desidia de los mismos), los expedientes permanezcan en sus despachos u oficinas a veces por lapsos prolongados o muy extendidos, con las consiguientes demoras violatorias de uno de los principios del procedimiento administrativo, el de “celeridad”.

     

De entre los asuntos que influyen notablemente en la tramitación de las actuaciones administrativas, está el de la firma. Efectivamente, es común que por auténtica falta de tiempo de los funcionarios (o por desidia de los mismos), los expedientes permanezcan en sus despachos u oficinas a veces por lapsos prolongados o muy extendidos, con las consiguientes demoras violatorias de uno de los principios del procedimiento administrativo, el de “celeridad”.

 

Una solución práctica puede estar en la denominada “delegación de firma”, instituto que a veces ha sido regulado normativamente, en tanto que en otras latitudes se aplica en la práctica; y si bien tiene alguna similitud con la delegación administrativa “stricto sensu”, no se confunde con ella.

 

En efecto, en la delegación de firma –a diferencia de la de competencia– no se produce ninguna alteración de la titularidad de la competencia ni de su ejercicio, sino que ella afecta únicamente a la forma de exteriorizar la manifestación de la voluntad del órgano que tiene atribuida la competencia, y que en virtud de la delegación de firma, encomienda dicha exteriorización a un órgano inferior.

 

Ergo, no hay que confundir con la verdadera delegación la llamada delegación de firma, que significa sólo autorizar al inferior para que firme determinados documentos, en nombre del superior, si bien ha sido éste el que ha tomado la decisión.

 

Ahora bien, en razón de esa cierta similitud entre ambas formas de delegación, cuando ella no está expresamente regulada –como ocurre entre nosotros– cierta doctrina autorizada propicia en tal caso y en principio la aplicación supletoria de la normativa de la delegación de competencia a la de firma.

 

En tal orden de ideas, se suele entender que la delegación de firma no es posible si no existe un texto, legislativo o reglamentario, que permita concederla.

 

Si se recepta tal tesitura, en la Nación habría que ponderar que, según el artículo 3 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549, "La competencia de los órganos administrativos será la que resulte, según los casos, de la Constitución Nacional, de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye una obligación de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a menos que la delegación o sustitución estuvieren expresamente autorizadas; la avocación será procedente a menos que una norma expresa disponga lo contrario"; y en la Provincia sería sin duda alguna viable, en todo caso, a tenor de lo estatuido en el artículo 7 de la Ley de Procedimiento Administrativo 3909, el que expresa que “El ejercicio de la competencia es delegable…salvo norma expresa en contrario”.

 

En otras palabras, en tanto que en el ámbito nacional la delegación requeriría norma general expresa que la habilitase (debiendo tenerse presente que según el artículo 2 del Reglamento de la Ley Nacional “Los ministros, secretarios de Presidencia de la Nación y órganos directivos de entes descentralizados podrán dirigir o impulsar la acción de sus inferiores jerárquicos mediante órdenes, instrucciones, circulares y reglamentos internos, a fin de asegurar la celeridad, economía, sencillez y eficacia de los trámites, delegarles facultades; intervenirlos; y avocarse al conocimiento y decisión de un asunto a menos que una norma hubiere atribuido competencia exclusiva al inferior” ) en la Provincia la misma ya existiría y sería legal.

 

En la misma corriente de opinión, resultaría que la delegación de firma:

 

a) sólo debería admitirse para materias concretas y propias del órgano delegante;

 

b) en las resoluciones y actos que se firman por delegación se debería hacer constar la autoridad de procedencia (v. gr. con la sigla P. O.: Por Orden);

 

c) no podría haber delegación de firma en resoluciones de carácter sancionador, o sobre atribuciones privativas y esencialmente inherentes al carácter político de la autoridad en su caso, o sobre atribuciones delegadas;

 

d) de lo que se firma respondería siempre el órgano que delega y no el que firma (sobre lo expuesto, comp. arts. 8 y ss., ley 3909).

 

Pues bien, concluyo reiterando que la delegación de firma no es una transmisión de competencia en el sentido apuntado arriba, ya que el inferior delegado se limita a suscribir los documentos o actos señalados en la delegación, conservando el superior delegante la competencia, la decisión y la responsabilidad sobre el acto en sí mismo considerado. Es por ello que, por ejemplo, no siendo responsables los delegados de la ilegalidad de los actos, los recursos de reconsideración o revocatoria deben interponerse ante el propio superior delegante, ya que la delegación de firma no supone alteración de la titularidad de la competencia.

     
 
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