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EL MIEDO POLÍTICO - POR JORGE H. SARMIENTO GARCÍA PDF Imprimir E-Mail
martes, 17 de enero de 2012

Tomás Hobbes (1588-1679) publicó en 1651 “El Leviatán”, obra precursora del absolutismo moderno y tributaria del absolutismo laico que ignora a Dios y a la ética como soluciones prácticas y positivas en la organización política

 


 

Tomás Hobbes (1588-1679) publicó en 1651 “El Leviatán”, obra precursora del absolutismo moderno y tributaria del absolutismo laico que ignora a Dios y a la ética como soluciones prácticas y positivas en la organización política.

Contractualista en lo que respecta al origen o causa eficiente del Estado, Hobbes sostuvo que originariamente los hombres han vivido en un estado de naturaleza bélico, dominado por el egoísmo y la lucha de todos contra todos (“homo hominis lupus”, el hombre es lobo para el hombre), y que para evitar su destrucción, buscaron salir de esa situación, pero de un modo tal que fuese imposible retornar a la anarquía y a la guerra.

Así las cosas, los hombres pactaron voluntariamente -por miedo, por conveniencia, por interés- crear el Estado y erigir un gobernante; y el contrato o pacto lo hicieron todos los hombres, ellos solos y entre sí, por lo que el gobernante es un tercero ajeno al contrato, que no queda obligado con la comunidad porque no ha pactado con ella, y por ese contrato unánime se transfieren todos los derechos de los hombres en forma total y definitiva, entrega al “Leviatán” que resulta ser, por tanto, irrevocable.

El fin del contrato ha sido y es la seguridad de la vida de cada uno, incluyendo por contrapartida tener por bueno y justo todo lo que el Estado por medio del gobernante ordene.

Ello explica que se haya sostenido que son muchos los países que van hacia la concreción de aquel patrón de Estado que describió Hobbes: un Leviatán protector, al que los hombres confían su seguridad y al ceden todos sus derechos, en el que se concentra todo el poder, en rigor sin sujeción a norma alguna, porque el mismo Estado es el que dispone del derecho.

Ha destacado Gaspar Ariño Ortiz que el Leviatán de Hobbes surgió en una época muy parecida a la que nos ha tocado vivir; un tiempo de grandes cambios y de grandes temores. Explica que en el turbulento ecuador del siglo XVII, el miedo era una constante del vivir humano. Ese fue el caldo de cultivo de las ideas sobre el poder absoluto, que nos ofrece protección a cambio de sometimiento. En todas las épocas, ese fenómeno del miedo, de la inseguridad dentro de la sociedad civil, dará lugar al mismo resultado: la sumisión al poder. En todo caso, una sociedad temerosa, que no sabe adónde va, está siempre al borde de entregar su libertad.

Generalizando lo que Ariño escribe en y para España, no son necesarias -agrega- grandes dotes de observador para percatarse de que en los últimos años se ha ido extendiendo la sensación de miedo, producto de muy diversas causas. Mas no se trata sólo de la incertidumbre y riesgo que son propios de la vida. Es algo más. Es un miedo obscuro y no confesado que ha engendrado en muchos sectores de la sociedad la tentación de abandonarse a un Estado lleno de poder. Todo es poco para alimentar a este Leviatán protector. Su enorme déficit se traga el dinero que debería servir para crear riqueza. Y una vez él mismo enriquecido, con la voracidad de una política fiscal esquilmadora, ofrece sus favores y ocupa, sin protestas, eso que se llama “sociedad civil”. El resultado -dice- está a la vista: sanidad burocratizada, enseñanza degradada y progresivamente estatalizada, una gran parte de los medios (radio, televisión, etc.) que vive de subvenciones o que son arbitrariamente concedidos, instituciones de crédito convertidas casi en dependencias estatales, etc. Estos y otros tantos hitos, jalonan un particular “camino de servidumbre”. Y ese “miedo obscuro y no confesado” es el miedo político, un temor concreto y real a la amenaza permanente del poder. Cada atropello, cada invasión han ido precedidos y acompañados de penosos episodios de claudicación. Ha habido silencios temerosos por parte de quienes tenían el deber de alzar la voz… ¿Cómo no comprender que el miedo se haya extendido?

En la década de los 50 del siglo pasado, siendo estudiante universitario, tuve oportunidad de leer “Entre la libertad y el miedo” del gran pensador colombiano Germán Arciniegas, en el que el autor advertía que el miedo era una de las armas de que se valían los gobernantes despóticos o autoritarios de la época para silenciar toda voz opositora y mantener sojuzgados a sus pueblos. Eran los tiempos en que proliferaban en América latina las dictaduras cerradas y hegemónicas.

Y estoy convencido de que, ante situaciones como las expuestas, hay que “gritar” que la ley humana no es la única medida de la justicia; que los hombres tienen derechos inherentes a su personalidad y no sólo los que el Estado quiera otorgarles como regalo gracioso; que no hay que claudicar en el empeño de actualizar el auténtico bien común como fin del Estado.

Como vengo insistiendo desde hace muchos años, debe quedar claro:

a) que la esfera del poder político viene determinada por el fin que tiene la misión de realizar, por el bien común, 1º) asegurando la paz (u orden por la justicia), tanto externa como interna, así como la defensa de los derechos naturales, sean de individuos o asociaciones, y 2º) promoviendo el bienestar y el progreso social, no sólo material sino también moral, observando los principios de subsidiariedad y solidaridad; y

b) que la autoridad se halla, pues, 1º) limitada por los derechos naturales preexistentes de los individuos y grupos a quienes gobierna, y 2º) sometida a la moral, al orden de la justicia y a las leyes fundamentales de la sociedad política.

Ahora bien, anota Luis Sánchez Agesta que el problema, hoy, no es ya si el poder público (o los funcionarios) deben sujetarse al derecho, sino cómo pueden ser obligados a cumplir el mismo, con lo que la cuestión ética se hace así operativa, esto es, se encarna en una o varias técnicas que tratan de realizar ese principio. Agrega que estas técnicas tratan de asegurar que el derecho positivo tenga color o sabor de justicia ante la conciencia de los ciudadanos y que sea un orden de paz que defina claramente lo tuyo, lo mío y los nuestro y que dé seguridad a nuestros movimientos dentro de la vida social, haciendo así posible una libertad responsable, dentro del ámbito del orden jurídico. Continúa diciendo que las técnicas de marras responden a un cómo, y son, por consiguiente, modos operativos que vinculan al poder y lo predisponen a realizar valores de justicia y de paz jurídica, y permiten el ejercicio de una libertad responsable, tendiendo en cierta manera a expresarse como un límite o una condición en la actuación del poder y de la libertad; y como mejor puede comprenderse su naturaleza es enunciando los fines negativos y positivos que se proponen y sugiriendo algunas de las técnicas concretas con que éstos se articulan. Añade que entre estos objetivos y las técnicas que los realizan puede destacar los siguientes:

a) Impedir la ventaja, la exención o el privilegio que no estén fundados en una necesidad de la función. Así, por ejemplo, la exigencia de ley con su generalidad, su publicidad y su prudente deliberación para regular determinadas materias, como la imposición de tributos, implica un condicionamiento del poder que tiende a eliminar situaciones de desigualdad injusta; la participación de órganos representativos en la formación de la ley debe asegurar la prudencia en la deliberación, la presencia de intereses y criterios varios, la ponderación de los fines públicos, etc.

b) Prevenir el abuso en el ejercicio del poder. Así, por ejemplo, la sujeción a procedimientos que garanticen la defensa de derechos que pueden ser violados; o el establecimiento de recursos contra las actuaciones que se desorbitan de su marco jurídico de competencia, o de los fines públicos a que están vinculados, tienden a alcanzar ese fin. La separación de las funciones normativa, ejecutiva y judicial tiende también a realizar el mismo efecto, y, sobre todo, permite separar órganos de control que fiscalicen.

c) Eliminar la arbitrariedad en las decisiones. La obligación de fundar jurídicamente una decisión o de adoptarla de acuerdo con un procedimiento formal y la tipificación en normas de ciertos hechos condicionantes (por ejemplo, los delitos o las infracciones) crean ese ambiente de pacífica tranquilidad en el orden que responde tanto a la seguridad y al ejercicio de la libertad responsable como a la justicia.

d) Definir con certeza el ámbito de la libertad y del ejercicio de los derechos. La existencia de unas normas claras, que no puedan ser arbitrariamente interpretadas, sin superposiciones de normas vigentes, con una clara definición de las autoridades que pueden dictarlas, de la jerarquía de las autoridades y de las normas entre sí, crean ese ambiente que es tan propicio al libre desenvolvimiento de la persona, como al ejercicio de una actividad social y económica independientes.

Concluye Sánchez Agesta diciendo que un Estado de derecho concebido sobre esos supuestos éticos y con técnicas que tiendan a asegurar esos fines no es incompatible en absoluto con la intervención del poder público en el ámbito social y económico, no sólo con fines de “policía”, por emplear este término clásico de la doctrina administrativa que apunta a definir la acción preventiva de la administración, sino para realizar un fin más alto de bienestar social o de justicia social, lo que concuerda más exactamente con el régimen del Estado de derecho, en cuanto se propone una más profunda realización del principio de justicia. “La imagen del Estado de derecho liberal como un ´statu quo` de los derechos existentes debe superarse con una definición de los derechos en un orden inspirado por el bien común”.

Es que el bien común, auténtico fin del Estado, no limita la acción de éste a la misión negativa que suele asignársele refiriendo, sobre todo, lo que el mismo no debe hacer; por el contrario, afirma una ayuda estatal para la realización de los derechos, buscando el perfeccionamiento de la comunidad y, consiguientemente, de las personas en su dimensión material, intelectual y moral; mas esta intervención debe desenvolverse conforme al principio de subsidiariedad, respetando el Estado la autonomía de los individuos y asociaciones intermedias, pero protegiendo, estimulando, coordinando, e inclusive supliendo.

 
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