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LA LENTITUD DE LA JUSTICIA Y “EL SIGLO DE LAS CITAS” - POR JORGE H. SARMIENTO GARCÍA PDF Imprimir E-Mail
martes, 17 de enero de 2012

Debemos insistir en que la lentitud de los procesos es causa frecuente de injusticias materiales, siendo evidente que no solo en nuestro país la pachorra de la administración de justicia es, en general, un mal endémico pues, efectivamente, no se resuelven los procesos en un plazo razonable, pudiendo tal dilación dar lugar a casos de auténtica denegación de justicia, aunque no siempre debida a los magistrados judiciales.


 

Debemos insistir en que la lentitud de los procesos es causa frecuente de injusticias materiales, siendo evidente que no solo en nuestro país la pachorra de la administración de justicia es, en general, un mal endémico pues, efectivamente, no se resuelven los procesos en un plazo razonable, pudiendo tal dilación dar lugar a casos de auténtica denegación de justicia, aunque no siempre debida a los magistrados judiciales.

 

Y no podemos dejar de señalar, otra vez, que una de las causas de tal morosidad, en estos tiempos informáticos que corren, es la realidad de escritos judiciales plagados de citas sin sentido, pero también de sentencias con el mismo defecto, lo que es pan de todos los días en la “praxis” judicial; y a veces hemos encontrando –y lo seguimos haciendo– resoluciones judiciales que son en verdad obras de doctrina (a veces buenas y otras … no tanto), lo que implica una grave confusión de roles y que, generalmente, atenta contra la celeridad de los procesos.

 

Resulta, por tanto, conveniente recordar viejos principios, a saber:

 

a) Que la doctrina (propia del iurisconsulto), si bien se integra con conocimientos prácticos dado que tiende a resolver problemas concretos, su grado de practicidad es distinto al de la jurisprudencia (propia del iurisperito): mientras ésta es inmediatamente práctica pues busca la solución directa a los casos reales, aquélla se mueve en un nivel de generalidad, en el sentido que estudia los derechos y las soluciones en sus rasgos comunes, haciendo abstracción de lo propio y particular de los casos concretos, los que sí son estudiados y resueltos en definitiva por los jueces; y de esto deviene lo que sigue.

 

b) Que la exigencia constitucional de que los fallos se motiven, no impone al juzgador desarrollos minuciosos, bastando que, mediante las proposiciones formuladas en torno a los hechos y el derecho del caso, la sentencia se sostenga por sí misma, como pronunciamiento razonable y objetivo, o lo que es lo mismo, no aparezca como pura afirmación caprichosa y subjetiva de la voluntad judicial.

 

c) Que no es necesario a tal efecto, que el tribunal se haga cargo de todas y cada una de las alegaciones de las partes, como tampoco que explícitamente se desechen argumentos baladíes.

 

d) Que la motivación suficiente exigida por las garantías constitucionales, no impone un cartabón de “quantum” sino de “calidad” de las argumentaciones que le sirven de sustento, lo cual supone correlación entre aquéllas y lo resuelto; es decir, no existe una medida en la fundamentación de una sentencia judicial, sino que bastará con que la misma contenga fundamentos razonables como condición de su validez.

 

e) Que la parquedad de una decisión judicial no importa falta de fundamentación, no debiendo confundirse fundamentación breve o sucinta con una insuficiente, incompatible con la garantía constitucional del debido proceso y con el principio de publicidad de los actos de gobierno.

 

Y conviene no silenciar tampoco, con respecto de las obras de doctrina, que pensamos venimos de transitar –y lo seguimos haciendo– en “el siglo de las citas”, pues la generalidad de aquéllas contiene un excesivo “aparato crítico”, que a veces se hace con propósitos de demostrar erudición (lo que resulta sumamente fácil, en razón de la simplicidad de obtener información que abunda y hasta inunda, la que es “copiada y pegada”), o en virtud de una total inseguridad que lleva a que se entienda que nada vale si no tiene sustento en la opinión de otro.

 

En definitiva, no olvidemos que “la brevedad es el manjar de los jueces” ni que las resoluciones judiciales deben ser “claras, concretas, concisas y completas”, como tampoco lo que aconsejaba don Antonio Perpiñá Rodríguez: “Es hora de que los juristas dejemos un poco la tijera y tomemos un poco más la pluma”.

 
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