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SOBRE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS - POR JORGE H. SARMIENTO GARCÍA PDF Imprimir E-Mail
martes, 17 de enero de 2012

Ante tanta ignorancia y hasta mala intención puestas de manifiesto en algunos medios de comunicación social sobre este tema, me siento en la obligación de exponer lo que vengo sosteniendo desde hace más de quince años al respecto.


 

Ante tanta ignorancia y hasta mala intención puestas de manifiesto en algunos medios de comunicación social sobre este tema, me siento en la obligación de exponer lo que vengo sosteniendo desde hace más de quince años al respecto.

 

La personalidad jurídica constitucionalmente otorgada a estas comunidades luego de la reforma de 1994, la vigencia de sus instituciones en la medida en que no contradigan las del Estado y la propiedad y posesión comunitarias, son aspectos que determinan que se deba abordar con seriedad el asunto de los indios o aborígenes (como, en general, los mismos prefieren que se los llame), dado que las comunidades que forman aparecen como “entidades jurídicas sub estatales”.

 

Sobre la incuestionable base que desde la Constitución Nacional, antes y después de la reforma de 1994, ha estado garantizada la participación igualitaria de los originarios en la vida nacional (sin perjuicio de las injusticias que contra ellos se hayan cometido, como tantas otras sufridas por distintos sectores de la sociedad argentina), creo que en rigor y pese a la existencia de opiniones en contrario que intentan disimularlo la nueva disposición de la Ley Fundamental considera a las comunidades de marras como “minorías”, desde que se les reconocen “derechos colectivos” que garantizan su existencia, lo que me obliga a los desarrollos que siguen.

 

Las “minorías” han sido defendidas con vigor por S. S. Pío XII, quien escribió que en el campo de un orden fundado sobre los principios morales no hay lugar para oprimir abierta o encubiertamente las peculiaridades culturales y linguísticas de las minorías, ni para impedir o reducir su propia capacidad económica, ni para limitar o abolir su natural fecundidad, agregando el Pontífice que cuanto mayor sea la conciencia con que la autoridad competente del Estado respete los derechos de las minorías, tanto más segura y eficazmente podrá exigir de sus miembros el cumplimiento leal de sus deberes políticos, comunes a los demás ciudadanos.

 

S. S. Juan XXIII, por su parte, puntualizaba:

 

a) la condenación a toda política que tienda a reprimir la vitalidad y el desarrollo de las minorías, y

b) el deber de mejorar sus condiciones de vida, particularmente por lo que se refiere a su lengua, cultura, tradiciones y recursos e iniciativas económicas.

 

Mas es menester resaltar que a los derechos colectivos corresponden “deberes colectivos de las minorías”:

 

Desde que se les conceden importantes ventajas en el plano económico, cultural y hasta político, no pueden dejarse llevar a insistir más de lo justo en ellos, hasta ponerlos por encima del bien común estatal, siendo menester que las comunidades aborígenes y sus miembros individualmente cobren conciencia de que deben procurar como también señalara S. S. Juan XXIII “participar amistosamente en los usos y tradiciones del pueblo que los circunda, y no ... fomentar los mutuos roces, de los cuales provienen grandes pérdidas y que traen el retraso de la nación”...

 
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