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CRISIS Y SEPARACIÓN DE PODERES - POR JORGE H. SARMIENTO GARCÍA PDF Imprimir E-Mail
miércoles, 11 de enero de 2012

Se ha sostenido que -como hace ya tiempo afirmara, en general, Loewenstein- la teoría clásica de la separación de poderes está completamente sobrepasada por la actual dinámica política, habiéndose vaciado de contenido casi hasta la inutilidad, lo que ocurriría asimismo en la Argentina.

 


 

Se ha sostenido que -como hace ya tiempo afirmara, en general, Loewenstein- la teoría clásica de la separación de poderes está completamente sobrepasada por la actual dinámica política, habiéndose vaciado de contenido casi hasta la inutilidad, lo que ocurriría asimismo en la Argentina.

Y Arthur S. Miller escribió, también hace varios años, que hemos pasado del principio newtoniano de equilibrio y orden al darwiniano de crecimiento y cambio, siendo evidente decía que la separación de poderes fue proyectada para el primero y no para el último, donde en vez de equilibrio hay transformación y crisis constante.

Pues bien, es manifiesto que, en la realidad y por ejemplo, va desapareciendo cada vez más la propiamente denominada clase media, que luchaba por la libertad como principal valor, y asimismo, que se suele buscar ahora fundamentalmente la seguridad física más que la jurídica, el igualitarismo más que la igualdad y el asistencialismo más incluso que el Estado de bienestar, siendo evidente que, para lograr tales fines, se requieren gobiernos muy fuertes.

Se observa también que por intermedio de los partidos políticos se busca absolutamente que la mayoría del legislativo pertenezca al mismo partido que el ejecutivo, y que este último influya en la composición y el funcionamiento del superior tribunal. Asimismo, se persigue que el partido oficialista -cuando es necesario a través del ejecutivo y del legislativo- controle los medios de comunicación social y los sindicatos.

Por todo lo que antecede es que muchos se preguntan si no estamos frente a una crisis de la Constitución; y pensamos que a ello debe responderse negativamente, pues sin desconocer que sin duda hay crisis, es patente que uno de sus factores esenciales es precisamente la no aplicación de la Constitución, especialmente en lo que hace a la separación de poderes.

Creemos que la crisis política, social y económica no ha de superarse eliminando la separación de poderes, sino que por el contrario se ha de lograr buscando se establezca entre ellos la colaboración y el control fundantes de un equilibrio entre los mismos, que es precisamente lo que regula la Ley Fundamental de nuestra República.

Es inadmisible que circunstanciales mayorías legislativas actúen autoritariamente, de consuno con el ejecutivo, desconociendo a la oposición, lo que, de hecho, es un medio de quienes llegados al poder, se transforman en una clase parasitaria de dominadores, que subordinan los intereses realmente comunes a los partidarios, con cobardía en asumir actitudes que pudieran aunque momentáneamente restarles popularidad; y una mal entendida solidaridad partidaria puede relajar el sistema de control interórganos. Pero tampoco se puede dejar de mencionar que la conducta de opositores anárquicos y demagógicos suele conducir a la obstrucción sistemática cuando partidos distintos dominan en los órganos ejecutivo y legislativo que afecta el correcto funcionamiento estatal.

Según que el partido haya logrado el acceso al poder o esté en la oposición, cumple funciones cuya diversidad de naturaleza no mengua su respectiva importancia. El partido gobernante gobierna, poniendo en ejecución su programa y su plataforma. Mas el partido o los partidos minoritarios han de desempeñar la no menos importante misión de controlar y fiscalizar al partido gobernante, trascendental en la democracia, sin que llegue a la obstrucción con el propósito de trabar y hasta impedir la acción del partido en el gobierno como fin subalterno. Los partidos deben facilitar la existencia de armonía y coordinación entre los órganos políticos del gobierno y aun entre el Estado federal y los Estados miembros en las federaciones.

Así las cosas, no negamos que serían convenientes y hasta necesarias algunas reformas para mejorar el sistema, mas ellas deberían hacerse en forma meditada, ponderada, bien aconsejada, sin subordinarla a mezquinos intereses políticos, asegurando siempre en todo la independencia e imparcialidad de los jueces, el respeto por la dignidad de la persona humana desde la concepción en el seno materno, con todos los derechos que de ella se desprenden y que, en su conjunto, constituyen la libertad (incluidas por cierto las de expresión y la sindical), primer aspecto del bien común temporal público que el Estado debe procurar.

 
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