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SOBRE LA VIDA PRIVADA DE LOS AGENTES DEL ESTADO - Por Jorge H. Sarmiento García PDF Imprimir E-Mail
lunes, 01 de agosto de 2011

EN ESPECIAL DE LOS MIEMBROS DE LOS TRES "PODERES"

Vimos hace dos o tres días por un canal de televisión, a un ex funcionario que prácticamente separaba la vida pública de la privada de los agentes del Estado (lo que incluye a los de los tres Poderes), asegurando que esta última debía ser indiferente, no ponderada ni juzgada, aunque trascendiera su inmoralidad a la comunidad, lo que de inmediato nos recordó lo que sigue.


 

Vimos hace dos o tres días por un canal de televisión, a un ex funcionario que prácticamente separaba la vida pública de la privada de los agentes del Estado (lo que incluye a los de los tres Poderes), asegurando que esta última debía ser indiferente, no ponderada ni juzgada, aunque trascendiera su inmoralidad a la comunidad, lo que de inmediato nos recordó lo que sigue.

 

“La virtud -dice Tomás de Aquino- es la cualidad principal requerida para que alguien no solamente sea capaz de gobernarse a sí mismo, sino también de regir a los demás. Y en este último caso es tanto más necesaria cuanto mayor es el número de los que debe gobernar; pues, aún en el mismo orden físico vemos que, cuanto más fuerza posee uno, tanto más carga puede llevar y tanto más puede vencer a los demás. Así, pues, se requiere mayor virtud para gobernar una familia que para regirse a sí mismo solo, y muchísimo mayor para gobernar una ciudad o un reino. Para cumplir bien, por consiguiente, con el oficio de rey, es necesaria una virtud eminente”.

 

Agrega que el verdadero gobernante debe ser capaz de gobernar por sí mismo, para lo cual es preciso que sea eminente en toda clase de bienes, de modo que no busque su propia utilidad ni sus propios intereses, consagrándose “todo entero a procurar con desinterés y esplendidez el bien de sus súbditos”.

 

Dice en otro lugar que tres cosas se requieren para gobernar bien:

 

1) Legitimidad, en cuanto al origen del ejercicio del poder.

 

2) Idoneidad, que comprende principalmente, a) inteligencia o sagacidad, pericia o competencia, b) virtud (“morum honestas”), y c) madurez (“vultus maturitas”).

 

3) Fuerza, esto es, no solamente el vigor físico para llevar adelante las tareas de gobierno, sino también poder armado para imponer la ley “ad intra” y para defender las fronteras y los intereses del Estado “ad extra”.

 

Y concluye en que “El desorden en el régimen humano proviene de que no se pone al frente de la nación el más capaz y el más prudente, sino que se usurpa el poder por la fuerza, o no se tienen en cuenta más que motivos sentimentales. Desorden que señala Salomón, cuando dice, Eclesiastés, 10, 5-6: uno de los peores males que ocurren entre los hombres es que el necio y el inepto ocupen el trono”.

 

Habida cuenta de lo estatuido en el artículo 19 de la Constitución Nacional, bien se señala que cuando el orden público, la moral pública o los derechos ajenos no padecen lesión por las conductas privadas, el bien común no está comprometido; y no estando afectado el bien común -que es el fin del Estado- la jurisdicción está inhibida, o, mejor, no existe.

El hombre tiene derecho a que su vida privada, en las condiciones antedichas, escape al control y a la fiscalización del Estado, aunque obre mal, no porque tenga derecho a hacer el mal privadamente en abuso de su libertad moral, sino porque tiene derecho a que el Estado no se entrometa en su fuero íntimo cuando el bien público no sufre detrimento. Tal inmunidad resguarda un ámbito de libertad personal en cuyo umbral se detiene el Estado, y cuyo desconocimiento llevaría a sacarlo de sus límites naturales, ceñidos a lo temporal y a lo público; ya no estaría velando por la buena convivencia colectiva, sino por la virtud personal, que evidentemente no es atributo del Estado. 

“Intelligenti pauca” (lo que viene a significar que, a buen entendedor, bastan las pocas palabras).

 

 

 
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