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¿PARLAMENTARISMO? - POR JORGE H. SARMIENTO GARCÍA PDF Imprimir E-Mail
viernes, 01 de julio de 2011

¿Se está pensando en reformar nuevamente la Constitución modificada en 1994, estableciendo la forma de gobierno parlamentaria?

Tenemos dicho antes de ahora que, dada la idiosincrasia de nuestro pueblo y habida cuenta de su democracia aun “in fieri”, creemos no es aventurado pensar que un sistema parlamentario en el país se caracterizaría –como en la Francia antes de 1958– por:


 

¿Se está pensando en reformar nuevamente la Constitución modificada en 1994, estableciendo la forma de gobierno parlamentaria?

 

Tenemos dicho antes de ahora que, dada la idiosincrasia de nuestro pueblo y habida cuenta de su democracia aun “in fieri”, creemos no es aventurado pensar que un sistema parlamentario en el país se caracterizaría –como en la Francia antes de 1958– por:

 

a) Una asamblea prepotente, poco disciplinada y con rala responsabilidad, que haga caer los ejecutivos con una tranquilidad rayana en la frivolidad.

b) Unos ejecutivos débiles, hostigados por la opinión pública, temerosos de ejercer el derecho de disolución de la asamblea.

 

Una gran inestabilidad gubernamental, en suma, cuyos malos efectos no quedarían compensados en alguna medida –como en la Francia hasta 1958– por una eficaz administración, de la cual lamentablemente carecemos; y ello no se avendría bien con la dureza de las modernas circunstancias, marcadas por las grandes crisis que demandan ejecutivos fuertes.

 

Lo que tenemos en la Constitución de esta Argentina nuestra, en la medida en que se cumpla a rajatabla, permite:

 

a) La elección universal de un presidente provisto de importantes atribuciones reales, así como un papel simbólico trascendente, permitiéndole adoptar decisiones con autoridad y aplicar medidas consecuentes, desde que se le otorga al jefe del Estado, más allá de los partidos, un mandato directo que emana del cuerpo electoral.

b) Obligar a los votantes en la segunda vuelta, a adoptar decisiones inequívocas.

 

Todo cambio jurídico debe estar justificado por la mejora en orden al bien común, pues de lo contrario con la mutación puede perderse, más cuando la misma se limita a trasplantar instituciones de otros sistemas, creyendo que importándolas se solucionan sin más los problemas.

 

Existen organismos que, por sobre las objeciones que levantan, se han mantenido en la práctica, lo cual es indicio de corresponder a una realidad, como creemos ocurre con nuestro presidencialismo.

 

Rechazamos toda forma de Estado autoritaria o totalitaria, mas tampoco aceptamos un Estado sin la organización y los medios apropiados para cumplir los justos fines que le incumben; y frente a lo que no funciona correctamente, puede que en algunos casos se justifique eliminarlo, pero en otros ha de bastar con adecuarlo debidamente, sin incurrir en el error de “suprimir el uso, por el abuso”.

 

Deseamos quede claro que no nos aferramos con pedante obstinación a lo antiguo, y nos atendremos a lo que se compruebe o demuestre es conforme al “bonum commune”, pero sin temor –en su caso– a que se nos califique como conservadores de formas creadas; y repitiendo siempre que a nuestro juicio estas cuestiones “deben resolverse con ideas de arraigo argentino y dentro de los cuadros de la realidad argentina”.

 

Así las cosas y pese a que un considerable número de los cambios que se hicieron en 1994 no nos satisfacen, ¿no correspondería proponerse que la Ley Suprema funcione efectivamente, en vez de aseverar que el sistema “no funciona más”, cuando en verdad nunca se lo ha puesto a rodar integralmente y con seriedad, tanto por parte de los tres poderes del Estado, como de los partidos y de los políticos en general?

 

Una vez más señalamos en esta Revista, que la “desconstitucionalización” –hacia cuya plenitud cada día nos acercaremos más, si seguimos como hasta ahora- es el fenómeno que se opera en aquellos Estados en que existe por un lado la constitución “escrita sin vigencia” y, por otro, la “real y vigente”, que la ha desplazado, y que le es opuesta y paralela.

 

Esta contradicción o diferencia entre la constitución normada y la realidad constitucional, ha llevado a las denominaciones de “constituciones de papel” o “formas o apariencias constitucionales”, las que expresan gráficamente esa discrepancia entre el carácter fundamental que se atribuye al orden constitucional y su carencia de eficacia fundante, siendo manifestación extrema y deliberada de ese falseamiento lo que se llamado “fraude constitucional”.

 

Ante la constatación de la contradicción o diferencia entre la constitución normada y la realidad de lo que puede ocurrir en la práctica constitucional, debemos afirmar, con Germán J. Bidart Campos, que en principio, cuando existe una constitución rígida como la nuestra, toda realidad contraria que implica violarla o modificarla en los hechos debe ser valorada negativamente, porque la Justicia exige que tales alteraciones sólo se operen a través del procedimiento formal de reforma previsto por el texto escrito; pero es indudable que, aún cuando la práctica sea contraria a la constitución, tiene la vigencia ineludible de lo fáctico, por lo que se impone distinguir lo vigente de lo válido, desde que puede haber vigencia sin validez.

 

Y para señalar el peligro de la desconstitucionalización, concluimos rememorando el ejemplo de Adolf Hitler, que como todos saben fue elegido en elecciones democráticas y que jamás derogó la Constitución de Weimar, la que fue formalmente suprimida recién después de la Segunda Guerra Mundial, por “los aliados”; aquél se limitó a irla vaciando de contenido, a subvertir la legalidad vigente y a ir imponiendo su propia legalidad… y así se encaminó a su destrucción Alemania y el Tercer Reich.

 

 
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