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INDEPENDENCIA Y AUTARQUÍA DE LOS ORGANISMOS PDF Imprimir E-Mail
jueves, 05 de octubre de 2006
INDEPENDENCIA Y AUTARQUÍA DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL DE SERVICIOS PÚBLICOS  por Jorge H. Sarmiento García

Su independencia se ordena a posibilitar el cumplimiento de sus funciones y el control permanente de los servicios, sin sujeción a presiones de ninguna índole; y para asegurarla, al margen de dotarlos de autarquía financiera, será menester explicitar los límites que a la intervención del Poder Ejecutivo importa su caracterización como entes descentralizados autárquicos, sentando las bases para protegerlos de los cambios políticos propios del decurso democrático, recordando con Ariño Ortiz que una cosa es la influencia lógica y razonable del poder político y otra la manipulación constante de sus decisiones según las conveniencias del momento, o la medida burda del cese fulminante por una diferencia de opinión con la autoridad política de turno.

 

Son recaudos de esa independencia:

a)  que las remuneraciones de sus directores no puedan ser disminuidas en el período de sus nombramientos, y

b)  que su remoción proceda previo sumario administrativo (instruido en el ámbito nacional por la Procuración del Tesoro de la Nación, con control de la Auditoria General de la Nación y el Defensor del Pueblo). 

Es decir que, en rigor, no hay independencia en sentido propio, sino un simple reforzamiento de su potestad de gestión para la mejor concreción de los valores que la Constitución declara y que se consideran serán mejor logrados si aquella gestión se pone a cubierto de los vaivenes políticos.

 

Además:

a) las reglamentaciones no pueden desdibujar las atribuciones de los entes recortándolas en favor de los órganos de la administración central, habida cuenta de la reforma constitucional que preconiza su actuación, y

b) el Poder Ejecutivo no podrá avocarse en cuestiones de la competencia de los entes, y el recurso de alzada contra la actividad impugnable del organismo de control lo será sólo por razones de legitimidad (en sentido amplio). 

Como hemos explicitado en nota anterior, no compartimos que es menester reducir al máximo el control de las decisiones de la entidad por parte del poder político, y que por eso es indispensable que no exista recurso de alzada u otro tipo de control o tutela administrativa de la administración central, siendo el judicial el único control, y en forma directa, sin agotamiento alguno de la vía administrativa.

 

Por otra parte, la autarquía financiera implica un patrimonio constituido por tasas específicas previstas en los marcos regulatorios sectoriales (canon de concesión pagado por los concesionarios o tasas de regulación solventadas por los usuarios del servicio como un porcentaje de la facturación), aportes anuales del tesoro, subsidios, intereses o beneficios resultantes de la gestión de sus bienes, importes de multas aplicadas a los prestadores, etc.).

Ella incluye la elaboración de su proyecto de presupuesto anual y que los aportes anuales del tesoro -nacional o provincial, en su caso-  garanticen el adecuado y eficiente cumplimiento de sus funciones. 

 

La autarquía también entraña la imposibilidad de disponer de los recursos cuya percepción y utilización se les ha conferido a los órganos; es por ello que las tasas de servicio que recaudan no han de poder en ningún caso ser detraídas por los órganos centrales con competencia presupuestaria para destinarlas a cualquier otra finalidad.
 
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