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COMPETENCIA ORIGINARIA Y EXCLUSIVA DE LA SCJMZA PDF Imprimir E-Mail
miércoles, 04 de octubre de 2006

COMPETENCIA ORIGINARIA Y EXCLUSIVA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA  por Jorge H. Sarmiento García

 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re “Ledesma, Luis c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ daños y perjuicios", el 11/07/2006, ha dicho:

I. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re “Ledesma, Luis c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ daños y perjuicios", el 11/07/2006, ha dicho: "La pretensión procesal subsume el caso, entonces, en un supuesto de responsabilidad del Estado local por la presunta falta de servicio -por acción o por omisión- en que habría incurrido un órgano de la Provincia de Santiago del Estero, que se sustenta en el cumplimiento irregular de las funciones estatales que le son propias y que corresponden al ámbito del derecho público, como lo es de la prestación del servicio público hospitalario; materia cuya regulación corresponde al campo del derecho administrativo y de resorte exclusivo, en los términos y con el alcance subrayados, de los gobiernos locales de conformidad con la cláusula constitucional citada ... . A fin de decidir si concurren en el caso los presupuestos fácticos y jurídicos que hacen viable la responsabilidad del Estado demandado, se hace necesario considerar la existencia, o no, de la falta de servicio, entendida como funcionamiento irregular o defectuoso del servicio público hospitalario -llevado a cabo por un órgano integrante de la administración de la provincia demandada- por no cumplirse de manera regular las obligaciones emanadas de las normas jurídicas que lo establecen y reglamentan; materia que se encuentra incluida en un régimen de derecho público que tiene por propósito asegurar la adecuada prestación del servicio de salud pública, en función del fin para el que ha sido establecido. Este régimen encuentra su fundamento, pues, en principios extraños a los propios del derecho privado. En los pronunciamientos dictados por esta Corte … ha tenido oportunidad de definir un nuevo contorno del concepto de causa civil -a los efectos de determinar la competencia originaria de este Tribunal por razón de la distinta vecindad o de extranjería- limitándolo a aquellos litigios regidos exclusivamente por normas y principios de derecho privado, tanto en lo que concierne a la relación jurídica de que se trata como en el examen sobre la concurrencia de cada uno de los presupuestos de la responsabilidad patrimonial ventilada y, en su caso, en la determinación y valuación del daño resarcible. Como surge de los antecedentes y fundamentos expresados precedentemente como concepción general para los supuestos de dañosidad causada por la actuación de los estados locales y, además, con particular referencia a los casos de responsabilidad de las provincias por las consecuencias dañosas derivadas de la prestación del servicio público de salud por un órgano integrante de su administración, y con arreglo a los argumentos y conclusiones de los pronunciamientos mencionados … en el sub lite no se verifica una causa de naturaleza civil que, en procesos como el presente, corresponda a la competencia originaria reglada en el art. 117 de la Constitución Nacional y en el art. 24, inc. 1°, del decreto-ley 1285/58, por lo que el Tribunal debe inhibirse de conocer en este asunto".

 

II. Desde tiempo ha venimos sosteniendo -en la cátedra y, en su momento, en la magistratura judicial- que en caso de responsabilidad de hospitales, la competencia -originaria y exclusiva- corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, pues cuando servicios sociales como los que prestan los institutos de marras están a cargo del Estado (Alato sensu@), la actividad está asegurada por un régimen jurídico especial, de derecho público, para permitir que quien la desarrolla pueda atender mejor la satisfacción de las necesidades que le compete.

La responsabilidad del Estado debe en principio ser regulada por el derecho local, desde que también por principio la actividad de aquél se rige por el derecho público; y existen disposiciones en nuestra Constitución provincial que dan por supuesta la competencia local para legislar en materia de responsabilidad pública: p.ej., arts. 20 (establece la responsabilidad de todo funcionario guardián de presos o ejecutor de arresto o prisión por no exigir y conservar en su poder la orden motivada de prisión o arresto); 23 (consagra la responsabilidad de los funcionarios que ejerzan rigores innecesarios sobre los detenidos); 41 (declara la responsabilidad de los funcionarios por malversación de recursos que se obtengan por empréstitos); 48 (reconoce el derecho a reclamar las indemnizaciones por los perjuicios causados por los empleados o funcionarios que hayan dictado o aplicado disposiciones inconstitucionales); y 99 inc. 9 (que atribuye a la legislación local la regulación de las responsabilidades de los agentes públicos).

Cuando está comprometida la responsabilidad estatal en el ámbito del derecho público, su fundamento no se encuentra en el artículo 1113 del Código Civil, sino en principio en el artículo 1112 del mismo cuerpo legal, en el que Vélez Sársfield no reguló la responsabilidad del funcionario sino la del Estado, siendo esta última norma -no obstante su ubicación en el Código Civil- una disposición de derecho público, en tanto prescribe la responsabilidad de las personas públicas estatales por el ejercicio irregular de la función pública.. Al no ser la responsabilidad estatal de derecho público un instituto reglado por el Código Civil, sino por normas y principios de derecho administrativo, las provincias cuentan con atribuciones suficientes para su legislación: las legislaturas provinciales y el Congreso de la Nación, cada uno en su órbita, están facultados para dictar leyes sobre la cuestión bajo examen. Si el artículo 1112 del Código Civil no es una norma de derecho común dictada en el marco de la competencia que el artículo 75 inciso 12 constitucional le otorgó al Congreso, sino de derecho público federal que regula la responsabilidad extracontractual por falta del Estado Nacional, su aplicación al ámbito provincial no puede ser directa, sino mediante la técnica de la analogía, a fin de integrar las lagunas existentes sobre esta materia en los ordenamientos locales.

En suma, pensamos que cuando la responsabilidad del Estado debe resolverse en alguna medida por aplicación del derecho público, entra en la competencia del más alto Tribunal de la Provincia, lo que avala la firme jurisprudencia más reciente de la Corte Suprema Nacional.

 

Y concluímos destacando una vez más que es menester aceptar que el derecho administrativo no es un derecho de excepción, sino el derecho común de la actividad administrativa pública, a la que sí le es de aplicación analógica y supletoria el derecho civil, el comercial, etc..

 

Mientras no se acepten tales verdades, se confundirán los principios de la justicia conmutativa con los de la distributiva y la legal; se resolverán por aplicación del derecho civil asuntos que deben ser subsumidos en normas administrativas; se afectará la autonomía de la Provincia aplicando normas cuyo ámbito de validez es sólo para la Nación; etc..
 
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